El subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno, ha negado que haya presiones para resolver las peticiones de indulto presentadas a favor de los doce condenados por el ‘procés’, negando igualmente que se les vaya a dar una «rapidez especial», en el marco de la Comisión de Justicia celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados para presentar el informe sobre indultos del primer semestre de 2020.
Bueno ha contestado a la pregunta que le ha formulado el diputado de Vox Javier Ortega Smith sobre si el Ministerio de Justicia puede garantizar que «no se va a sufrir ningún tipo de presión política desde el Gobierno» hacia los fiscales y magistrados del Tribunal Supremo que deben emitir sus respectivos informes a favor o en contra de estos indultos. «Respecto a las presiones, yo no he recibido ninguna y no tengo noticia de ningún tipo de presión en relación ni con este ni con ningún expediente», le ha respondido.
También a preguntas de Ortega Smith, Bueno ha afirmado que «no va a haber una rapidez especial en la tramitación» de las solicitudes de indulto para los penados por el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, aseverando que «todos» los expedientes se tramitan por orden de entrada de las peticiones y en función de cuándo se emiten los informes del tribunal sentenciador, la Fiscalía y el perjudicado y de cuándo los recibe el Ministerio de Justicia. Los informes, ha dicho, «van marcando el ritmo».
Además, al ser interrogado por la diputada Mariona Illamola (Grupo Plural), Bueno ha expuesto que la resolución de los indultos suele tardar una media de entre seis y nueve meses, si bien ha enfatizado que «hay expedientes que han durado mucho más y menos es difícil», incidiendo en que depende de cuánto se dilaten los informes. Asimismo, ha aclarado que no hay mecanismos para ralentizar el proceso, pero sí se pueden declarar «urgentes» algunos expedientes para acelerarlo, aunque no le consta que ahora mismo haya alguno así.
En cuanto al punto en el que se encuentra actualmente la tramitación de los indultos por el ‘procés’, por la que también se han interesado PP y Ciudadanos, el subsecretario ha confirmado que el Ministerio de Justicia ya ha remitido el expediente al tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, para que se encargue de recabar todos los informes preceptivos. «Ahora mismo será el tribunal el que conozca el estado concreto de tramitación», ha señalado.
El diputado del PP Miguel Ángel Jerez se ha mostrado especialmente interesado por saber si la respuesta de Moncloa a los indultos por el 1-0 llegará antes o después de la votación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso, para saber a su vez «si el indulto va a servir de moneda de cambio o para reforzar los apoyos parlamentarios del Gobierno.
«LO VOLVERÍAN A HACER»
Tanto PP como Vox han advertido al Ejecutivo en contra de perdonar a los presos independentistas, al estimar que el arrepentimiento de los condenados es un elemento clave para ello y que no se da en estos reos.
Hasta ahora, ha apuntado Ortega Smith, los condenados del ‘procés’ «han mostrado justo lo contrario, una decidida voluntad de reincidencia», por lo que ha augurado que, de ser puestos en libertad, «se volverá a repetir».
«No puede ser perdonado quien no admite lo que ha hecho, no pide perdón y, además, repetiría los hechos», ha coincidido Jerez, apostillando que «la inmensa mayoría de los españoles, el 72 por ciento, está en contra». «La respuesta del Estado de Derecho debe ser contundente», ha reclamado.
CASI 1.500 PETICIONES Y SOLO DIEZ INDULTOS
Bueno ha informado de que, entre enero y junio de 2020, el Ministerio de Justicia recibió 1.499 solicitudes de indulto, de las cuales se han resuelto 1.240, la gran mayoría (1.230) en contra y solo diez a favor, para cinco hombres y cinco mujeres.
El subsecretario ha precisado que, de las 1.230 peticiones denegadas, el 91 por ciento tenía en contra los informes tanto del tribunal sentenciador como del Ministerio Público; el 1 por ciento, el informe desfavorable del primero y favorable del segundo; el 5 por ciento, el visto bueno judicial y el rechazo fiscal; y el 3 por ciento, los dos a favor.
En cuanto a los indultos concedidos (el 0,8 por ciento del total), siete han sido parciales y tres totales, y el 70 por ciento se concedieron en relación con delitos cometidos contra el patrimonio.
Bueno ha señalado que, en comparación con los cinco últimos primeros semestres, desde 2016, que arrojan una media de 1.589 expedientes resueltos, esta vez se han ventilado un 22 por ciento menos y lo ha achacado al impacto de la pandemia en los trabajos del Ministerio de Justicia.
A este respecto, ha querido recordar que entre el 14 de marzo, cuando se declara el estado de alarma y se suspenden los trámites administrativos, y hasta el 20 de marzo, cuando se reanuda la tramitación de los indultos, los trabajos estuvieron parados. Desde su reactivación, se recibieron 585 peticiones y se resolvieron 536, todas con resultado negativo.
UN EX ALCALDE SOCIALISTA, ENTRE LOS INDULTADOS
El diputado de Ciudadanos Edmundo Bal, así como el PP y Vox, han afeado a Bueno que entre las diez personas indultadas en este primer semestre está César Ruiz Ramos, ex alcalde socialista de Villar de Humo que fue condenado por la Audiencia Provincial de Cuenca por falsificar un documento público para presentarlo como prueba en un juicio que afectaba a su madre.
El representante ‘popular’ ha subrayado que ya van «dos de dos», porque en el anterior informe de Bueno, relativo al segundo semestre de 2019, también había un ex alcalde socialista indultado, el antiguo edil de Alburquerque (Badajoz) condenado por amenazas y obstrucción a la justicia.
Bal ha llamado la atención sobre el hecho de que otro de los diez indultados fue condenado por «un hurto muy pequeño» pero «en rebeldía» y ha querido saber si esta «rebeldía» era por voluntad propia o por ineficacia del tribunal. En el primer supuesto, «me recuerda a algún rebelde famoso que tenemos ahora en algún país extranjero y que no quisiéramos que fuera indultado en caso de ser condenado, cuando sea entregado a las autoridades españolas», ha comentado en clara alusión al ex president de Cataluña Carles Puigdemont.
La mayoría de los grupos parlamentarios han coincidido en reclamar a Bueno que en el próximo informe se incluya una explicación de los motivos por los que el Gobierno ha concedido o denegado los indultos, para poder valorar si atiende a las razones de equidad, justicia y utilidad pública que recoge la ley o se usan como «arma política», cuestión que ha traído a colación el representante del PNV Mikel Legarda.
VIOLENCIA POLÍTICA
Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte ha aprovechado su turno de palabra para destacar «el cierre del ciclo de las violencias políticas, que fue un ciclo importante, con importantes grupos tanto revolucionarios independentistas como grupos parapoliciales». «Ese ciclo se puede dar totalmente por cerrado», ha valorado.
Uriarte también ha considerado que el número de indultos que se conceden en España es «extremadamante bajo» en proporción con la población penitenciaria y en comparación con los países de nuestro entorno, y ha cuestionado por qué no se ha hecho uso del indulto para descongestionar las cárceles en plena pandemia.
Bueno, respondiendo a ambos señalamientos, ha defendido que el hecho de que haya pocos indultos es síntoma de que el Código Penal funciona bien, ya que el perdón se configura como un elemento corrector de la ley criminal, y ha descartado emplearlo como medida sanitaria.
