El coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética y Profesionalismo de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Diego Real de Asúa, ha comentado que regulación de la ley de eutanasia, una demanda social y profesional «amplia», debe ir acompañada del refuerzo de cuidados paliativos.
«La demanda social y profesional para establecer un marco legal que regule la eutanasia y/o el suicidio asistido es suficientemente amplia para debatirla, ya que ha aumentado notablemente en las últimas décadas. Este marco regulador debe distinguirse del debate sobre los cuidados paliativos, y, desde luego, no debe ir en detrimento de los cuidados paliativos, que se deben repensar y reforzar, aplicarse de forma precoz y no solo al final de la vida», ha dicho el experto, en el marco del 41o Congreso de la SEMI Virtual.
Respecto al debate, aún abierto, sobre eutanasia y suicidio asistido, Real de Asúa ha subrayado la importancia de dar respuesta a un cambio de percepción social sobre estos temas y la mayoría de las encuestas que se han realizado al respecto, tanto a profesionales como a los ciudadanos, son reveladoras de que la percepción social ha cambiado y es más favorable a que se legisle al respecto. En Estados Unidos, está aprobado el suicidio asistido y en Canadá y Colombia, la eutanasia, mientras en Europa, los países que han regulado legalmente la eutanasia son Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
«Actualmente SEMI no tiene una postura unitaria definida como Sociedad médica respecto a la eutanasia, un debate aún controvertido y que suscita argumentos a favor y en contra desde el punto de vista», ha detallado.
Por ello, se ha planteado la mesa redonda de ‘Eutanasia y suicidio asistido’ para reflexionar, valorar y debatir acerca del estado actual de esta cuestión y su marco legal, a propósito de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia que el Congreso de los Diputados admitió a trámite en la legislatura pasada y que, en la presente legislatura, se ha vuelto a admitir para su debate.
Entre los argumentos a favor, se postula que dotar de un marco legal a la eutanasia y el suicidio asistido contribuye a la defensa de los derechos individuales y supone transformar una práctica prohibida en la práctica pública, lo que daría un acceso global a esta y protección legal a los profesionales y pacientes.
En cuanto a los argumentos en contra de la eutanasia y el suicidio asistido, se esgrime que no son actos propios de la naturaleza de la profesión médica, porque se contrapondrían al Juramento Hipocrático de «primum non nocere, o bien porque podrían dañar el rol social del médico, es decir, el contrato de confianza en la relación médico- paciente.
«La eutanasia es una acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada, a petición de este, y esta acción solo se considera aceptable si se produce dentro de un contexto específico, que se define en la futura ley como una enfermedad grave o incurable o una situación que sea grave, crónica, invalidante o que cause un sufrimiento intolerable», ha recalcado Real de Asúa.
La diferencia entre esta y el suicidio asistido radica en que, en la eutanasia, el profesional prescribe o suministra la sustancia que pone fin a la vida en unas dosis letales, y en el suicidio asistido es el paciente quien se autoadministra la sustancia en un centro sanitario o en su domicilio, para causar su propia muerte.
«La ley de la eutanasia y el suicidio asistido está orientada a las personas que se encuentran en el final de su vida, por una enfermedad grave e incurable, crónica e invalidante, que causa un sufrimiento intolerable. En este contexto de final de vida, cuando el desenlace se va a producir en seis meses, las personas pueden encontrar una respuesta a su solicitud de alivio en los cuidados paliativos, la vía por la que optan la mayoría. Sin embargo, hay personas en que los cuidados paliativos de máxima calidad no consiguen mitigar los síntomas o que no desean recibirlos. Para ellas está pensada esta ley», ha zanjado el experto.
