La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado un plan para ir contra la industria de la prostitución en España y también se va a prohibir la publicidad de vientres de alquiler por considerarse violencia contra la mujer. La ministra tiene claro que este Gobierno va a ser «el que más lejos va a llegar» en la lucha contra la explotación sexual, con «medidas contundentes». Pero considera que la ofensiva tiene que ser contra la «poderosa» industria proxeneta y no contra los «puteros», ya que considera que «no sirve para que haya menos».
Reforma penal
Para ello, el objetivo es la futura reforma del Código Penal para perseguir el proxenetismo en todas sus formas. En los últimos tiempos, parece que las Fuerzas de Seguridad han detectado que la prostitución se está desplazando desde los clubes de alterne a pisos de forma itinerante para dificultar su persecución.
La Policía Nacional, además, se puso manos a la obra con el asunto y lanzó este otoño una campaña en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas para denunciar el sufrimiento de miles de mujeres en el mundo obligadas a prostituirse por mafias. Por primera vez, el mensaje va directo al consumidor de prostitución: ‘Si eres cliente, pagas su esclavitud’. En la campaña se recordaba que el año pasado la Policía nacional liberó 896 esclavas sexuales y detuvo a 481 proxenetas.
Irene Montero lo tiene claro
«En nuestro país ya existe la posibilidad de multar a los clientes de la prostitución, eso lo introdujo el Partido Popular en la Ley de Seguridad Ciudadana, y no está sirviendo para que haya menos puteros. (…) Las medidas más urgentes y que mejor nos pueden permitir luchar contra la explotación sexual tienen que ver con atajar el origen: la impunidad de la industria proxeneta», apuntó Irene Montero en una entrevista a Efe con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebrará mañana miércoles 25 de noviembre.
Para la titular de Igualdad, las prioridades del Ejecutivo para avanzar en la lucha contra la explotación sexual pasan por reforzar la capacidad de perseguir a los proxenetas y por acabar con la «absoluta desprotección» de las mujeres víctimas y en contextos de prostitución. A través de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el Ejecutivo pretende cambiar el Código Penal para castigar el proxenetismo no coactivo y perseguir el alquiler de locales donde se explota a mujeres.
Optimista pero realista
Irene Montero subraya que «Creo que vamos a ir más lejos que cualquier gobierno en esta materia. Acabar con la impunidad de la industria proxeneta, a pesar de saber que siempre. Y, por otra parte, son personas muy poderosas, a las que nadie ha tocado y que han permanecido en la impunidadantizar los derechos de las mujeres».
Pero la ministra de Igualdad es realista y reconoce que «seguramente sea insuficiente». Sin embargo, considera que estas medidas son un «primer paso necesario e imprescindible» que tiene que ir acompañado de una «vía fuerte de ofrecimiento de alternativas sociales, laborales y habitacionales» a las víctimas y del impulso de una ley de trata.
Montero no duda de que recibirá un respaldo mayoritario del Parlamento pues se trata de una norma que protegerá «a las mujeres de todas las formas de violencias machistas», pese a lo que espera que la extrema derecha la cuestione y la niegue. Como señaló que «El Parlamento español es un Parlamento de mayoría feminista democrática que entiende que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la violencia contra las mujeres es intolerable. Finalmente, alertó que «El Parlamento va a aprobar la ley y solamente la extrema derecha y la derecha extremada se van a quedar en el mensaje criminal de cuestionar la violencia de género«.
