La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha denunciado este miércoles que la reforma educativa del Gobierno, conocida como ‘ley Celaá’, «blinda» en la legislación española el proyecto «excluyente» del nacionalismo catalán que se basa en la lengua y que «conculca los derechos» de los castellanohablantes.
En su opinión, hay un «falso debate» en el que algunos dicen que quienes están en contra del sistema de inmersión lingüística vigente en Cataluña argumentan falsamente que «el castellano está perseguido» en esta comunidad y que «no se puede hablar» en esta lengua.
El problema no es ese, a su juicio, sino que «hay un proyecto político nacionalista basado en una identidad excluyente que tiene como piedra angular la lengua» catalana y que «cada día, desde la Generalitat, se conculcan» los derechos lingüísticos.
«Y ahora vemos esto blindado en la ley orgánica de educación», ha declarado en la sede de Cs en Barcelona, donde ha conversado junto al líder del partido en el Parlament, Carlos Carrizosa, en sendas mesas redondas con el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres Cataluña (Fapel), Josep Manuel Prats, y con el presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa.
Arrimadas ha indicado que cuando un ciudadano se dirige a la Administración Pública en castellano en Cataluña, ésta «solo contesta en catalán», «cuando rotulas un negocio solo en castellano te multan» y tampoco se garantiza el derecho de las familias a «poder escolarizar a sus hijos en catalán y en castellano».
Cs LUCHARÁ «HASTA EL FINAL» CONTRA LA LEY
Por ello, ha expresado su rechazo a la enmienda al proyecto de ley de educación pactada entre Esquerra Republicana de Catalunya, el PSOE y Unidas Podemos para eliminar el castellano como lengua vehicular en las escuelas de las comunidades donde hay otro idioma cooficial y ha asegurado que Cs luchará «hasta el final» para revertir este cambio.
Así, ha señalado que presentarán una batería de enmiendas en el Senado, donde la ‘ley Celaá’ continúa su tramitación tras pasar por el Congreso, y que si se aprueba en los términos actuales, la llevarán ante el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y las instituciones europeas.
Arrimadas ha afirmado que no hay ningún Estado europeo donde se permita el «atropello» de que «la lengua mayoritaria y oficial del país no pueda ser vehicular» y ha recordado que el castellano es «la lengua mayoritaria» también en Cataluña, donde el 55% de la población la tiene como lengua materna.
Carrizosa ha apuntado que quien «se jacta» en Cataluña de que la ‘ley Celaá’ incorpore la enmienda sobre el castellano es la Plataforma per la Llengua, «unos radicales separatistas que han conseguido, por un puñado de votos» –el posible apoyo de de ERC a los Presupuestos Generales del Estado– «imponer en una ley española sus delirios y sus exclusiones de derechos».
GARANTIZAR QUE LAS DOS LENGUAS SEAN VEHICULARES
La líder de Cs considera que los sistemas monolingües en la educación son «muy casposos y muy antiguos» y por ello en el futuro querría poder escolarizar a su hijo en «la lengua de su país junto con la oficial de la comunidad autónoma y con el inglés».
El presidente de SCC, por su parte, ve «alucinante» que la futura ley de educación trate al castellano «como una lengua extranjera» y ha lamentado la «invisibilización» de los catalanes castellanohablantes por parte de los gobiernos de España, que «al final siempre supeditan lo que sucede en Cataluña a su estrategia parlamentaria en las Cortes».
A su juicio, «hay que ser muy cerril, dogmático y sectario para negarse a aceptar» que las dos lenguas oficiales en Cataluña sean vehiculares en el ámbito educativo, garantizando que se imparte al menos un 25% de las clases en cada uno de los idiomas.
En este contexto, ha reivindicado un «gran pacto de convivencia lingüística» en España que lleve a «valorar la riqueza y el patrimonio de la lengua común», el castellano, y «respetar» a sus hablantes y a la vez «valorar más las lenguas cooficiales» e «integrarlas como lenguas españolas que son».
«IMPOSICIÓN IDEOLÓGICA» CONTRA LA ESCUELA CONCERTADA
Por otro lado, Arrimadas ha arremetido contra la reforma educativa del Gobierno de Pedro Sánchez porque cree que en su elaboración ha habido «cero preocupación por la calidad educativa», ya que intenta «tapar» el fracaso escolar, y solo se ha buscado la «imposición ideológica», motivo por el cual cree que los representantes de la comunidad educativa no fueron escuchados en el trámite parlamentario.
Según ha manifestado, el proyecto de ley «cambia el criterio de la demanda social por el criterio de programación previa» y con ello «lamina la libertad de elección» de los padres para decidir a qué tipo de colegio llevan a sus hijos.
En este contexto, el presidente de Fapel ha advertido de que la ‘ley Celaá’ «no dice ‘vamos a cargarnos la enseñanza concertada'», pero sí «establece los mecanismos e instrumentos para que la Administración pueda hacerlo» al «distribuir a los alumnos como crea conveniente» entre los distintos centros.
«La LOMLOE pretende hacer que la concertada sea subsidiaria a la pública», en lugar de complementaria, y así «seguirán fomentando la creación de centros públicos y ampliando las plazas» en ellos y «la concertada servirá en tanto en cuanto no se llenen las escuelas públicas», lo cual llevará a «la desaparición de la concertada en pocos años», ha explicado Prats.
La presidenta de Ciudadanos también ha criticado que los padres no podrán escolarizar a sus hijos en un colegio público que se encuentre en un barrio o municipio distinto de aquel donde viven y ha denunciado igualmente el «ataque» a la educación especial.
SIN LA FINANCIACIÓN SUFICIENTE
Al priorizar la financiación a la red de centros ordinarios, piensa que se perjudicará a los centros de educación especial, y ha avisado de que no todos los niños con necesidades especiales pueden ir a un colegio ordinario. Deben existir los dos modelos y «la decisión última» sobre cuál escoger en cada caso «la tienen que tener los padres», ha recalcado.
Prats ha indicado que la ley «impone un modelo que ni está explicado, ni consensuado, ni financiado» y que «faltan los recursos» necesarios, tanto humanos como materiales, para una transición hacia una educación inclusiva.
Por último, en relación con la segregación social, ha dicho que este problema «existe y hay que poner solución», pero ha subrayado que eso no se podrá hacer sin la financiación suficiente.
Tras señalar que en Fapel piden que cada plaza escolar en los centros concertados se financia totalmente con dinero público, ha afirmado que en España no se podrá alcanzar un pacto nacional por la educación mientras se mantenga «la dicotomía de concertada y pública en una batalla ideológica» según la cual una es para «privilegiados» y la otra no.
