El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido la dotación presupuestaria suficiente para desplegar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017 y que contemplaba 1.000 millones de euros para luchar contra esta «lacra» así como favorecer las políticas de empleo para mujeres, de modo que las víctimas puedan tener una vía de escape más para librarse de los «animales» que «amargan sus vidas».
En un acto organizado en la sede del PP con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Casado ha afeado que estas políticas están ahora bajo la responsabilidad de un Gobierno y un partido, Unidas Podemos, que en su día no apoyó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a diferencia de la mayoría. Así, ha afeado al Gobierno de Sánchez no haber desarrollado la dotación económica «suficiente».
A su juicio, además de todas las consecuencias del coronavirus en la sociedad, está el hecho de que el desempleo ha afectado a 300.000 mujeres, algunas de ellas víctimas. En ese sentido, ha reclamado políticas de empleo «eficaces» para que estas mujeres puedan lograr autonomía y no dependan de quien les está «amargando la vida» y gocen de un empleo con el que les puedan echar de casa porque no necesitan su sueldo o irse de casa con sus hijos para recuperar sus vidas «sin ese sinvergüenza» y así «dar esquinazo a estos maltratadores».
El presidente del PP ha iniciado su intervención acordándose de las 1.074 víctimas «brutalmente asesinadas» desde 2003, y de las 41 solo en lo que va de 2020, junto a 3 niños y los 23 huérfanos. «No hay que poner paños calientes ni eufemismos: fueron asesinadas por hombres que no eran hombres, sino animales. La violencia contra la mujer es perpetrada por cobardes, por gente miserable, muchas veces en la intimidad del hogar», ha dicho Casado.
Así, considera que la obligación de los poderes públicos es que las víctimas denuncien y se apoyen en jueces, policías, asociaciones, colegios, centros de salud que tienen detrás para que no haya «ni una muerte más».
Además, la lamentado el negacionismo «letal» ante una lacra «innegable» que, sin embargo, compatible con otras violencias. A ese respecto, ha destacado el papel de los hombres, padres, hijos y nietos a través de la concienciación social para que las mujeres jóvenes de la actualidad «no vean normal» ni acepten comportamientos de control que se ejercen por ejemplo a través de las redes sociales.
En ese sentido, ha añadido que cuando el PP llegue al Gobierno y cumpla su compromiso de derogar la LOMLOE se intensificarán en la educación las políticas de formación en escuelas e institutos contra la violencia de género.
También se ha referido a las víctimas de trata, un «drama» que no se quita de la cabeza porque hay mujeres que llegan a España explotadas, «antes y después de cruzar». A ese respecto ha reclamado ayudas, dinero, cooperación internacional y lucha «muy firme» contra las mafias aquí y en el resto de países.
El líder popular ha lamentado los efectos del confinamiento sobre las víctimas de violencia de género que no podían si quiera «escapar de sus cárceles» sino que tuvieron que «convivir con los salvajes que las maltratan» y muchas veces con sus hijos en casa.
En el acto, la vicesecretaria de políticas sociales del PP, Ana Pastor, ha indicado los derechos humanos no pueden ser impuestos ni solamente publicitados, sino que tienen que ser aceptados y respetados en la vida real que existe ahí fuera. En su opinión, la clave está en la educación, la formación y la concienciación, para que con la suma de esfuerzos se pueda lograr que «los patrones de humillación no se repitan generación tras generación».
En ese contexto, ha añadido que «lo más complicado» es erradicar la cultura machista que sigue existiendo porque hay cosas que no se eliminan solo con dinero. «Por eso: educación, educación y educación y libertad, libertad y libertad», ha defendido Pastor que ha pedido también recursos económicos y humanos para trabajar en la lucha contra la violencia de género y ha reiterado el compromiso electoral del PP para elaborar una Ley contra la trata con fines de explotación sexual.
LA PANDEMIA, UN RETROCESO PARA LAS VÍCTIMAS
En el acto también ha intervenido la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, quien ha reclamado que no se deje retroceder al Pacto de Estado contra la violencia de género y ha denunciado la paralización de recursos y la red externa de apoyo que han sufrido las mujeres en el confinamiento.
Además, ha apuntado que aunque entre abril y junio el 016 recibió 8.000 llamadas más, se registraron 2.000 peticiones de orden de alejamiento menos, por lo que insiste en la necesidad de reforzar las medidas. «Cada vez somos más las que y los que trabajan con el mismo ahínco para tratar de erradicar la violencia de género», ha defendido.
Por su parte, la presidenta del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha asegurado que «difícilmente» una víctima va a salir de «ese círculo» sin ayuda y aunque España está «a la cabeza mundial» en la lucha contra esta lacra es necesario mejorar la aplicación del Pacto de Estado y desterrar «falsos mitos».
En concreto, ha recordado que la mayoría de las víctimas y agresores son españoles y que los domicilios se convierten en «el escenario del miedo, aún más en el confinamiento». «Hemos visto que las mujeres han sufrido muchísimo», ha lamentado Carmona que recuerda que el 73 por ciento de ellas son madres de hijos menores de edad.
«Imaginamos el calvario por el que han pasado esos niños que han visto sufrir a sus madres hasta que finalmente han sido asesinadas», ha subrayado y ha advertido de que en esta situación de crisis económica muchas mujeres se ven sometidas a la dependencia económica de sus maltratadores, lo que las lleva a no pedir ayuda por este motivo, además de por vergüenza, sometimiento o sentimiento de culpa.
En esa línea, la directora de la Asociación para la Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora, ha reclamado una ley para la erradicación de la trata de mujeres basada en el Convenio de Nueva York que penalice todo tipo de proxenetismo, porque «no se puede legitimar de ninguna manera a personas que están comprando a seres humanos: mujeres y niñas». Asimismo, pide a las autoridades públicas que vigilen lo que ocurre a las mujeres inmigrantes a España porque muchas llegan para tener una buena experiencia pero se topan con «mafias, proxenetas y puteros».
Mora que también ha expuesto las consecuencias del COVID-19 para estas mujeres que han pasado a ser sometidas a través de las web cams y las redes y ha afeado que España sea el país que más demanda a mujeres y niñas para ser explotadas en polígonos, calles y pisos y el tercer país a nivel internacional en prostitución. Por eso ha reiterado su petición de una ley que deje de banalizar la cuestión y penalice todas las formas de proxenetismo porque está cansada de oír que ellas eligen libremente su trabajo. «Son mafias que explotan a seres humanos», ha insistido.
Finalmente, la directora del teléfono de atención a menores (ANAR), Diana Díaz, ha alertado sobre la violencia de género que están observando en los jóvenes, en sus primeras relaciones sentimentales en las que «toleran grandes dosis de violencia» psicológica, de control y el 50 por ciento física, sin que sean conscientes ni lo identifiquen como tal, especialmente con la tecnología. «No lo perciben y eso no se protegen», advierte.
Finalmente, ha puesto sobre la mesa la «invisibilidad» de los niños y adolescentes cuyas madres sufren violencia y se ven abocados a un «pacto de silencio». Durante el confinamiento, ANAR recibió 21.000 peticiones de ayuda de menores que pasaron «miedo» durante la convivencia 24 horas con su maltratador.
