Podemos ha solicitado al juzgado de instrucción número 42 de Madrid que archive de forma definitiva el caso ‘Neurona’ por considerar que, tras la ronda de declaraciones de investigados y testigos, ha quedado acreditado que «no existen indicios de financiación irregular, y no procede la imputación por un presunto delito electoral» al tratarse de una persona jurídica.
«Visto el estado actual del procedimiento, venimos a solicitar el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa respecto del partido político Podemos, revocando y dejando sin efecto su condición de investigada», reza el escrito presentado el pasado 23 de noviembre al juez Juan José Escalonilla por la defensa de la formación ‘morada’.
Para justificar la petición de archivo, los abogados de Podemos se basan en gran medida en la declaración prestada en calidad de testigo por Mónica Carmona, ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos que junto a su antiguo colaborador y denunciante de la causa, José Manuel Calvente, dijo que llevaron a cabo una investigación «sigilosa» tras detectar varias irregularidades, entre las que destacan supuestos contratos simulados con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
«En realidad, hasta tal punto era supuestamente sigilosa y secreta la supuesta investigación, carente de cualquier justificación documental, que prácticamente se nos obliga ahora a un acto de fe para confirmar que realmente se llevó a cabo», señala Podemos, enfatizando en este sentido que tanto Carmona como Calvente se han negado a revelar la identidad de las personas que pusieron en su conocimiento las supuestas irregularidades, por lo que habla directamente de «fuentes ignotas».
Podemos incluso llega a apuntar a una posible responsabilidad de Carmona por no seguir los protocolos internos como «máxima garante del cumplimiento normativo», sugiriendo que sus pesquisas «habrían rebasado ‘líneas rojas’ al no respetar en modo alguno los derechos fundamentales de las personas a las que estaría investigando, manteniendo una investigación prospectiva».
LA INVESTIGACIÓN SOBRE NEURONA
En concreto, el partido de Pablo Iglesias estima que «resulta igualmente llamativo que, si como aseguraba se encontraba tan preocupada por la presunta simulación de servicios de las entidades Neurona y ABD (…), que no hiciera ningún intento formal ni informal de solicitud de aclaración de los servicios prestados (…) y que no acudiera presencialmente al local de la campaña electoral para confirmar o esclarecer sus sospechas». A este respecto, Podemos afea a Carmona y Calvente que se limitaron a buscar noticias en Internet.
En este punto, vuelve a sacar a colación la falta de identificación de los denunciantes originales, recordando que en el caso de los supuestos contratos simulados con Neurona «lo único que tenemos es una referencia de un tal Salva, de un departamento, Informática, que no tiene funciones ni en el equipo de campaña ni en el de comunicación del partido, y del que tampoco se han proporcionado más datos.
Con todo ello, Podemos defiende que ha quedado acreditado que «los modelos de organización y gestión de vigilancia y control establecidos internamente cumplen con los requisitos fijados por el artículo 31.bis del Código Penal», que Carmona y Calvente no han podido demostrar que «hayan sido objeto de represalia alguna» para llevar a cabo sus funciones y que tampoco han podido acreditar que llevaran a cabo investigación alguna por los hechos denunciados.
Además, Podemos sostiene que «no existen indicios de financiación irregular», enfatizando en este sentido que la propia Carmona dijo en su declaración que «no encontró indicio alguno en el ejercicio de su labor», y subraya que «no procede la imputación por un presunto delito electoral» porque «los delitos de apropiación de fondos electorales no se encuentran entre los delitos que conllevan responsabilidad penal de las personas jurídicas».
En todo caso, reivindica que «la hipótesis de que se estaría desviando ‘el dinero pagado por dicha formación política en base a dichos contratos para financiar a partidos extranjeros, al propio Podemos a través de microcréditos, o incluso para compensar las cantidades obtenidas a través de una red de financiación ilegal’ (..) carece de cualquier respaldo indiciario, verificado por el propio Tribunal de Cuentas y por la misma responsable de cumplimiento normativo».
Así, rechaza el argumento de la Fiscalía de que mantener como investigado a Podemos resulta más garantista porque le permite tener acceso a las actuaciones judiciales y, por contra, aduce que «el mantenimiento de la situación de investigada, más que salvaguardar sus derechos frente a una investigación de la que no consta indicio alguno que sostenga dicha imputación, genera efectos reputacionales negativos e injustificados», por lo que insiste en que «procede el sobreseimiento respecto de la persona jurídica».
LA DENUNCIA DE CALVENTE
La denuncia de Calvente apuntó cuatro hechos supuestamente delictivos: los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras de Podemos -la abogada Marta Flor-; y la licitación irregular de las obras de la sede nacional.
Escalonilla ha archivado la causa en lo tocante a los contratos electorales con ABD y a la llamada ‘Caja B’, manteniéndola abierta para los otros hechos denunciados. Sin embargo, el Ministerio Público ha recomendado limitar las pesquisas al contrato entre Neurona y Podemos, por considerar que las demás cuestiones denunciadas por Calvente son meros «rumores, sospechas o suspicacias».
