La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, ha analizado con representantes de centros concertados la nueva ley educativa, Lomloe, también conocida como ‘Ley Celaá’, cuya aplicación ha expresado que el Gobierno gallego aspira a «reducir al mínimo posible» en la medida «en la que lo permita» esta normativa.
Tras una reunión mantenida en Vigo con la plataforma Más Plurales a petición de la misma, ha tachado de «reduccionista» la ley dado que impone el centro escolar en el que deben estudiar los niños, lo que afecta a la elección del mismo de sus padres, según ha recogido la Xunta en un comunicado.
En este sentido, ha criticado que, mediante la nueva normativa, que ha recibido la luz verde del Congreso y permanece pendiente del Senado, se busque «imponer un único tipo de enseñanza, dejando sin elección a las familias» y ha asegurado que fomenta la minoración de la calidad educativa y la desigualdad.
Además, Fernández-Tapias ha concluido que esta ley busca «crear una confrontación en el ámbito de la lengua, que en Galicia es inexistente». Así, ha defendido que, a diferencia del Gobierno central, la Xunta «cree en la calidad educativa y el plurilingüismo» y, en especial, «en el derecho de los padres y madres a decidir.
Asimismo, la delegada territorial de Ejecutivo autonómico en Vigo ha lamentado la pérdida de una «oportunidad histórica para el consenso» y ha reprochado que la Lomloe se elaborase «a espaldas de las comunidades autonómas».
