Sobre el papel, la idea es muy romántica. El vicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quiere prohibir que las familias sin recursos puedan ser desahuciadas. Al menos siempre que no tengan una alternativa habitacional. Esto, si se plantea en clave de que los bancos o los fondos financieros son los propietarios de la vivienda, puede sonar bien. Sin embargo, lo cierto es que, a falta de que se conozca con todo lujo de detalle la nueva ley, esta normativa apuntala aún más a los okupas, pues un propietario en cuestión no podrá echar a nadie siempre que no haya una alternativa habitacional.
«Les puedo anunciar hoy aquí que en los próximos días, espero que no tardemos más de dos semanas, el Gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional», ha comentado el vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Aún faltan flecos por especificar y fuentes del PSOE aseguran que evitarán que esta normativa se aplique a según que situaciones; vamos, que se matizará para evitar que si un propietario sufre la okupación de su primera o segunda vivienda no se aplique la prohibición que pretende hacer vigente Iglesias.
Era una exigencia de Iglesias y parece que el presidente del Gobierno, o cede, o se quedará sin el apoyo necesario para sacar adelante los Presupuestos. EH Bildu y ERC apoyan este plan de Iglesias y el líder del PSOE sabe que si se enroca no conseguirá resultados, justo lo único que motiva al presidente. Así que los desahucios serán prohibidos, al menos en según qué circunstancias. Y de momento, Iglesias solo asegura que el hecho de no tener alternativa habitacional es una de las claves. Pero generalmente los okupas no la tienen, así que habrá que ver cuál será la solución intermedia a la que llegan.
El problema es que la actual ley tiene una serie de lagunas que permiten que los procesos para echar de una casa a un okupa se alarguen considerablemente. En algunos casos, pueden estar hasta años en una casa que no es suya porque un juez así lo permite hasta que se determinan todos los flecos que abren la puerta a expulsar a los okupas.
El que la ley de Iglesias que ha puesto como condición para aprobar los Presupuestos Generales vaya a salir adelante aún no es sinónimo de que vaya a ser una carta blanca para los okupas. Pero sí será más complicado echar de una casa que no es suya a quien se meta en una vivienda que sea de una gran corporación, como un banco o un fondo de inversión. Para Podemos no es más que un giro electoralista y una forma de proceder a un número determinado de personas que sí sufre las consecuencias de un desahucio que algunos considerarían injusto.
El miedo entre los propietarios es que esta enmienda que ha puesto Iglesias a los Presupuestos abra otra puerta a los okupas para que se apuntalen en las casas en las que se han metido de forma ilegal. Una cosa son aquellas familias que han pagado el alquiler de su vivienda durante muchos meses y por las circunstancias se quedan en la calle y no pueden hacer frente a la renta; y otra muy distinta quien se mete de motu propio a una casa a sabiendas de que es de otra persona.
Si ya era difícil expulsar a cualquier okupa, después de la norma de Iglesias es posible que lo sea aún más. Este miedo prolifera entre los propietarios que veían que estaba más cerca el poder cambiar la normativa y ahora se han dado cuenta de que quien realmente tiene influencia es Iglesias, y no el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, o el líder de Vox.
