Unidas Podemos se huele la tostada. Sabe que los Presupuestos Generales y las elecciones de Cataluña son dos eventos que mantienen unida la coalición, pero que después de esto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene toda la intención de remar en solitario. Esta estrategia lleva sobre la mesa del socialista desde hace meses, pero necesitan urdir una buena estrategia para fomentar esa ruptura. El caso Dina y Neurona son dos elementos que han llegado a los oídos del principal asesor de Sánchez, Iván Redondo, como agua de mayo. Y si se saldan con una doble imputación al partido y al líder del mismo, el vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tendrá los días contados pisando moqueta. Pero desde la formación morada se lo huelen, y no se han quedado parados.
Es vox pópuli en Ferraz que el presidente del Gobierno quiere afrontar las elecciones de 2023 sin el lastre que supone Iglesias para ellos. Lo quieren fuera, pero de momento son cruciales para aprobar los Presupuestos y para afrontar unas convulsas elecciones autonómicas que marcarán el inicio del año próximo. Sin embargo, no quieren que, de cara a la galería, esta crisis de Gobierno que azotará el Ejecutivo casi con toda seguridad el año próximo desgaste más de la cuenta al PSOE, por lo que Redondo está agazapado a la espera de que surjan nuevos motivos o excusas para que esas crisis se alimente. Y el tortuoso futuro judicial que le espera a Unidas Podemos y a Iglesias es perfecto para este plan.
El caso Dina es muy personal, pero acabará, si así lo requieren los jueces, con Iglesias imputado. Es cierto que sería por razones de poco peso (destrucción de material informático y revelación de secretos), pero sobre el papel, el vicepresidente estaría imputado por la justicia por dos delitos. «Apertura de juicio oral, dimisión», decía Iglesias en un debate electoral en Antena 3.
Esto por un lado, pero Unidas Podemos también puede caer incluso condenado por el desvío de fondos a través de Neurona, una de las empresas que está siendo investigada por su relación con el partido en calidad de consultura. De hecho, Iglesias se huele la tostada y ha exigido a su equipo que mande una carta al juez en la que sostienen que tras las diligencias practicadas no se ha podido acreditar ni “un solo indicio de una supuesta financiación irregular» y que retiren la imputación porque esto genera en Unidas Podemos “efectos reputacionales negativos e injustificados». Esta última frase es clave, pues saben que Redondo se aferrará a esto para darles la patada cuando llegue el momento: la calma tras las elecciones catalanes.
Lo cierto es que, por el momento, la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno no le ha sentado del todo mal al PSOE. Es cierto que ahora, tras un año de pandemia casi, Sánchez empieza a acusar el desgaste, pero el vicepresidente le ha servido como un escudo que se ha llevado casi todos los golpes de la gestión en un contexto en el que los españoles parecen reforzar cada vez más el bipartidismo mientras renuncian a los extremos que tanto crecieron tras la crisis del 2008.
Pero ahora, el Ejecutivo pretende desprenderse de la formación morada en la etapa de mejora y crecimiento económico tras la pandemia. Es una asociación de ideas, pero útil, según el criterio de Ferraz. Con el coronavirus en auge, el vicepresidente tuvo un papel muy mediático. Y durante la negociación para aprobar los Presupuestos Generales, la presencia de Iglesias era necesaria.
Las cuentas se aprobarán este año, o en enero de 2021, pero lo cierto es que una vez dadas de alta siempre se podrán prorrogar, aunque el PSOE esté gobernando sin los apoyos necesarios por haber expulsado a Iglesias de la vicepresidencia. Las elecciones catalanas no harán mucha mella en la relación de la coalición, en principio, pero desde Ferraz aguantarán el tipo hasta después de febrero. Seguro. Se aproxima una primavera turbulenta para la formación morada, según se desliza desde el PSOE.
