Castilla y León perdió, entre los años 2008 y 2018, un total de 151.613 personas, algo más los habitantes de Salamanca, según revela el informe de ‘Fiscalización de la aplicación de las medidas aprobadas por las Cortes en materia de despoblación en las entidades locales’ elaborado por el Consejo de Cuentas.
El consejero Emilio Melero ha desgranado durante la presentación del documento las principales cuestiones que pone de manifiesto el informe que hace el número 203 del Consejo.
El informe aborda las actuaciones concretas de los últimos seis años, si bien el análisis de las tendencias poblacionales se ha extendido a los últimos 15 años.
Así ha buscado verificar, mediante una encuesta, cuál ha sido el grado de conocimiento y aplicación de las actuaciones impulsadas por los diferentes niveles de gobierno, por parte de las diputaciones, capitales de provincia y municipios de más de 10.000 habitantes. Del total de 32 entidades, seis ayuntamientos y una diputación no han presentado la documentación solicitada.
En este sentido, el documento recoge que la población en España entre 2002 y 2019 se incrementó un 14,3 por ciento, mientras que la de Castilla y León disminuyó un 1,9 por ciento. Es decir, el peso de la población de la Comunidad sobre el total español pasó del 5,9 por ciento al 5,1 en el periodo de referencia.
La mayor variación de población por provincias entre 2008 y 2018 corresponde a Zamora (-11,5 por ciento), Ávila (-7,7 por ciento) y León (-7,2 por ciento), mientras que la menor disminución corresponde a Valladolid (-1,7 por ciento).
Además, el saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) de la Comunidad entre 2008 y 2018 ha sido de -106.828 personas, resultado negativo en todas las provincias en todos los años del periodo, a excepción de Valladolid de 2008 a 2011. Mientras, el saldo migratorio con otras comunidades autónomas en ese mismo periodo ha sido de -61.767 personas, siendo negativo, salvo puntuales excepciones, en todo el periodo y en todas las provincias.
El documento avanza también que el saldo migratorio con otros países ha sido positivo, sumando 16.982 personas. Excepto, en los años 2012 a 2015, el saldo migratorio con origen o destino en el extranjero ha sido siempre positivo para la Comunidad, especialmente concentrado en las provincias de León, Salamanca y Valladolid.
En cuanto a la distribución por sexos, se aprecia que la inmigración de mujeres siempre ha tenido una tendencia más positiva que la de los hombres, mientras que las migraciones interiores, Burgos, Salamanca y Valladolid han sido las provincias receptoras en mayor medida.
Considerando saldo demográfico y migratorio, el resultado es la pérdida de población en Castilla y León, en el periodo 2008-2018 de 151.613 personas, incide el informe que, analizado el saldo migratorio global entre 2016 y 2018 en función de la formación, constata que por cada persona que viene con una titulación superior se van dos.
El peso del PIB sobre el total nacional, de acuerdo con la metodología INE, ha pasado del 5,5 por ciento al 4,8 en el periodo 2000-2018. Por sectores, destaca la disminución del peso sector primario regional en el nacional, pasando del 12 por ciento al 5,7. El resto de sectores disminuyen ligeramente su peso relativo, excepto el secundario que aumenta de forma ligera. En cuanto al peso del número de empresas con respecto al total nacional ha tenido una ligera disminución en el periodo 2008 a 2019, pasando de representar el 5,0 por ciento al 4,8.
Por otra parte, la Agenda Digital para España introdujo entre sus objetivos para el 2020 el disponer de cobertura de más de 30 Mbps para el cien por cien de la ciudadanía y que al menos el 50 por ciento de los hogares haya contratado velocidades superiores a 100 Mbps en 2020.
En cuanto a la cobertura para 30 y 100 Mbps, aunque en términos de hogares se alcancen en Castilla y León en 2019 coberturas del 91,4 y 66,7 por ciento respectivamente, debido a la concentración de la población en grandes núcleos, la mayor parte del territorio sigue sin cobertura de redes de muy alta velocidad.
MEDIDAS PROPUESTAS
En 2005 en la Comisión no permanente sobre la evolución de la población de Castilla y León, diferentes especialistas pusieron de manifiesto aspectos negativos de la tendencia decreciente de la población, como la baja natalidad, la escasa atracción de emigrantes y la disminución de la actividad económica.
No obstante, no llegó a definirse de forma concreta el problema, por lo que tampoco existió una presentación de objetivos. Sin perjuicio de ello, las medidas que se plantearon son coherentes con el análisis realizado, excepto alguna que parece contradictoria con la formulación general. En este sentido, el documento asevera que no se ha puesto en marcha de manera efectiva el Observatorio permanente de estudio de la evolución de la población en Castilla y León, previsto mediante Acuerdo de la Mesa de las Cortes en 2006.
Por otra parte, el informe recuerda que en 2010 la Administración autonómica aprobó la ‘Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020’. Sobre él, el Consejo de Cuentas denuncia que hay «falta de coherencia» entre el diagnóstico y algunos objetivos y medidas.
«En coherencia con la naturaleza del documento, no se establece un sistema de evaluación, pero plantea que es necesario efectuar reevaluaciones objetivas y exhaustivas de numerosos programas y políticas establecidos en el ámbito económico, social y político, que deberán incorporar una perspectiva a largo plazo», añade.
Así, el documento recoge que ninguna de las entidades que ha respondido al cuestionario manifiesta tener un departamento o área específico dedicado a la lucha contra la despoblación o el reto demográfico, y como consecuencia de lo anterior, las medidas que las entidades locales analizadas aplican para luchar contra la despoblación se encuentran residenciadas en diferentes departamentos (empleo, turismo, juventud, urbanismo) y englobadas en muchas ocasiones en medidas más amplias y generalistas.
La mitad de las diputaciones y la mayoría de ayuntamientos (76 por ciento) manifiestan no haber recibido información alguna sobre medidas puestas en marcha por otras administraciones.
En cuanto a la existencia de declaraciones, planes globales o actuaciones que enmarquen una política en relación con el reto demográfico, nueve entidades (cuatro diputaciones y cinco ayuntamientos) han respondido afirmativamente. En la práctica totalidad de los planes existentes no se define de forma expresa el problema ni sus causas, por lo que las medidas planteadas se hacen desde un acercamiento intuitivo. Tampoco se fijan objetivos y se desconoce el punto de partida y no es posible medir la eficacia y eficiencia de las medidas sin indicadores alineados con los objetivos.
RECOMENDACIONES
Los resultados del trabajo, reflejados en 41 conclusiones, dan lugar a siete recomendaciones. Así, las Cortes deberían valorar la oportunidad de aprobar una figura similar a la del Observatorio permanente de estudio de la evolución de la población.
En cuanto a la Administración autonómica, debería evaluar el impacto real de las medidas desarrolladas para determinar la estrategia que se deba desarrollar de cara al futuro.
El análisis de la problemática poblacional debería tener también a juicio del informe diferentes características en distintas zonas de la Comunidad y la ejecución de proyectos piloto de medidas en diferentes áreas puede ser la base que permita medir la eficacia de las iniciativas.
Las entidades locales deberían identificar el problema que quieren abordar teniendo presente su singularidad y estructurar sus actuaciones en función del análisis previo, a través de un instrumento (plan, estructura administrativa, entre otros) que les permita dar coherencia a las medidas a desarrollar y evaluar su impacto.
