El secretario de Relaciones con los Estados de la Santa Sede, Paul Richard Gallagher, considera que Europa necesita «un mecanismo común para distribuir la carga de la recepción de migrantes» ante la «presión creciente» sobre los países del Mediterráneo, entre ellos, España.
«Se necesitan dos medidas para fomentar la solidaridad entre los Estados de la Unión Europea: un mecanismo común para distribuir equitativamente la carga de la recepción de migrantes o refugiados y la tramitación de las solicitudes de asilo; y un acuerdo común sobre búsqueda y salvamento en el mar, así como un mecanismo común para el desembarco y la devolución», ha precisado Gallagher en una entrevista publicada por la Revista Palabra en su número de diciembre.
Hasta ahora, según señala Gallagher, la responsabilidad ha recaído en los países ‘de primera llegada’, lo que ha creado una situación que ha resultado «insostenible» y ha dado lugar a «claras violaciones del principio de no devolución y de los derechos humanos, con muertes evitables en el mar y torturas en los campos de detención, especialmente en terceros países como Libia».
También pone de relieve la situación de España que «últimamente, también ha visto un aumento de más del 1.000% de las llegadas al archipiélago de las Islas Canarias, donde unos 17.000 inmigrantes llegaron este año».
Según precisa Gallagher, el Vaticano espera con interés la negociación del nuevo Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo. Si bien, advierte de que los mecanismos concretos no funcionarán a menos que haya «voluntad política», «solidaridad» y «un esfuerzo acordado para poner fin a los conflictos y abordar el desarrollo de los países de origen».
SUSPENSIÓN DE MISAS POR LA COVID-19
Por otro lado, sobre la suspensión de misas en algunos países como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, el secretario de Relaciones con los Estados de la Santa Sede ha indicado que la emergencia sanitaria «ha llevado a los gobiernos a adoptar medidas que restringen las libertades fundamentales, incluida la libertad de culto» y ha añadido que cuando pase la pandemia se podrá evaluar la proporcionalidad de las restricciones.
«Cuando la emergencia sanitaria termine definitivamente, que todos esperamos sea lo antes posible, se podrá evaluar, por parte de las Iglesias de los distintos países, si las restricciones a la libertad de culto comunitario decididas por los poderes públicos para luchar contra la propagación del virus han sido adoptadas en un marco de plena legalidad, o si se han cometido violaciones injustificadas de derechos en nombre de la salud pública», remarca.
En todo caso, Gallagher ha puesto de relieve la actitud «prudente y responsable» con la que han actuado los episcopados en general «invitando a los fieles a acatar las instrucciones del gobierno»; y la «solidaridad» de los propios católicos que han tenido que hacer «una renuncia difícil».
