Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplen mañana 4 de diciembre dos años en funciones con su renovación totalmente empantanada por el clima político de enfrentamiento entre el Gobierno de coalición y el principal partido de la oposición, lo que se traduce en la imposibilidad de los grupos parlamentarios del PSOE y el PP en el Congreso para pactar los nombres que deben formar parte de este órgano para los próximos cinco años.
Pese a que hace unas semanas se hablaba de la posibilidad de un desbloqueo de la situación alrededor del día de la Constitución -coincidente en fechas con el segundo aniversario del término de los mandatos de los actuales vocales-, lo cierto es que la situación no ha hecho más que complicarse.
El pasado lunes, el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció que el acuerdo ya existía y únicamente faltaba hacerlo público, algo que fue tajantemente negado casi al momento desde las filas populares.
A esta situación se ha unido el anuncio este jueves de una Proposición de Ley de PSOE y Unidas Podemos para evitar que un órgano de gobierno de los jueces en funciones no pueda realizar nombramientos clave, una propuesta que no ha sido buen buen recibida en el propio Consejo al optarse por un trámite parlamentario que, si bien es legal, permite evitar que este órgano consultivo emita su preceptivo informe sobre la reforma planteada.
La propuesta parece ser una salida «in extremis» a la situación creada tras la paralización del trámite parlamentario de la reforma inicial de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) presentada a instancias del Gobierno de coalición -para rebajar la mayoría necesaria para nombrar a los vocales– que ha sido fuertemente cuestionada tanto por la oposición, que la tilda de inconstitucional, como por diversos órganos europeos.
Además, la posibilidad de que PSOE y PP lleguen a un acuerdo depende cada día más de las discrepancias entre las partes derivadas del actual «escenario político», lo que podría incluso alejar la posibilidad de una solución hasta después de las elecciones autonómicas catalanas, fijadas para el próximo 14 de febrero.
Esta situación parece contrastar con el estado real de las negociaciones concretas sobre la renovación, que no parece haber variado desde el pasado verano, cuando PSOE y PP prácticamente cerraron un acuerdo en el que cada uno de ellos aceptaba designar a diez de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces. Ello, con independencia de que parte de la cuota del PSOE fuera cedida a designados por Podemos.
El consenso alcanzaba no solo a los doce vocales de origen judicial -designados por mayoría cualificada en las Cámaras entre un listado que aportan asociaciones judiciales y magistrados avalados por sus compañeros– sino también a los ocho que deben elegirse entre juristas de reconocido prestigio.
De este grupo, el acuerdo inicial, que parece mantenerse según las mismas fuentes, sería el de designar a cinco de los vocales con corte progresista mientras los tres restantes se reservarían a las propuestas que realice el PP.
Ello derivaría en un Consejo de mayoría progresista, muy diferente al actual, con once vocales designados por el PP frente a siete propuestos por el PSOE a los que se suman otros dos a propuesta de IU y PNV, respectivamente.
El futuro «reparto», además, permitirá al PSOE proponer presidente, un puesto para el que gana fuerza la magistrada de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Pilar Teso. Se trata de una profesional muy respetada en la carrera, de perfil progresista pero moderado y que no tendría problema en conseguir el aval del principal partido de la oposición, ya que se la considera una persona dialogante.
Se trataría de una candidata asumible por el PP frente a otras propuestas que ya se han puesto sobre la mesa y han sido rechazadas, si bien otras fuentes no descartan que la salida a la palestra del nombre de Teso no sea más que una maniobra para quemar este nombre y ocultar al verdadero presidente o presidenta, que hasta hoy sería un «tapado». En este punto no descartan que finalmente al frente del Consejo se coloque un jurista de «prestigio» ajeno a la carrera judicial que pueda concitar el apoyo de todas las partes.
No obstante, hay que tener en cuenta que desde hace varios años mujeres han ganado fuerza en las «quinielas» de aspirantes al más alto cargo de la justicia en España, y junto a Teso venía sonando la actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, si bien su nombre parece haber cedido paso al de la magistrada Teso.
Se da la circunstancia de que Roca, junto con el magistrado Andrés Ollero y el actual presidente del Tribunal Constitucional Juan José González Rivas, siguen formando parte de este órgano gracias a una prórroga de su mandato, que concluyó el noviembre pasado.
Por ello no sería extraño que la renovación del CGPJ fuera a la par que la del TC, teniendo en cuenta además que esos tres magistrados (más Fernando Valdés, quien renunció hace unos días debido a la causa por maltrato que se ha abierto contra él en el Supremo) corresponden al turno de miembros de este órgano que tienen que ser renovados por el Congreso.
Por esta razón, una renovación conjunta de ambos órganos permitiría dejar libres a Roca y a González Rivas, para presidir el Tribunal Supremo, según las fuentes consultadas que señalan que para este órgano ya se habría hablado también de algunos nombres concretos, dos aportados por el PSOE y otros dos por el PP .
El nombre González Rivas, de corte conservador, habría sido puesto sobre la mesa en las negociaciones para presidente del CGPJ por parte del PP, si bien no habría sido aceptado por el partido en el Gobierno.
