El Partido Animalista PACMA ha entregado en el Congreso este jueves un total de 235.000 firmas para reclamar un endurecimiento del Código Penal en los delitos de maltrato de animales.
La formación ha hecho coincidir esta iniciativa, que lleva por lema #Maltratadoresalacárcel, con el aniversario de la muerte de la perra Alma, disparada y arrastrada moribunda por un cazador en Chantada (Lugo).
La presidenta de PACMA, Laura Duarte, también ha dirigido una carta al Gobierno en la que explica que el objetivo de esta petición es garantizar que «los maltratadores de animales cumplen condenas ejemplares, verdaderamente disuasorias».
Los grupos parlamentarios, según ha informado la formación, también recibirán sus propias misivas, que en su caso reclaman su implicación en la lucha contra el maltrato animal y su apoyo en esta reforma del Código Penal que solicitan.
UNA «VERGÜENZA» EN EUROPA
«La agonía hasta la muerte de Alma o los brutales ataques contra animales como Grisito, Marina o Ragnar no pueden caer en el olvido. Sus crímenes son prácticamente impunes en nuestro país», ha explicado Duarte.
La presidenta de PACMA ha insistido en que «los maltratadores de estos animales, algunos de los miles que son maltratados cada año en España, son una vergüenza que empequeñece» a España «como país». Así, cree que, «mientras no existan condenas ejemplares para los maltratadores de animales», que «garanticen» su entrada en prisión, España será «una vergüenza en Europa«.
«Seguiremos siendo el país que arrastra peores cifras de abandono y maltrato animal», ha indicado.
En cuanto a medidas concretas que se han pedido al Gobierno a los grupos parlamentarios, PACMA quiere que no se excluya a ningún animal de la tipificación del delito de maltrato animal, es decir, que también se incluya a los silvestres; que el delito de maltrato animal tipificado en el Código Penal sea castigado con penas superiores a los 2 años de prisión; o que se elimine el requisito de causar «lesiones que menoscaben gravemente la salud del animal.
Finalmente, pide que la inhabilitación para la tenencia de animales, profesión, oficio o comercio que tenga relación con ellos se establezca en un mínimo de 20 años; y que las personas condenadas por delitos de maltrato animal se les inhabilite para la posesión de permiso de armas y licencia de caza.
