La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó formalmente el pasado mes de noviembre a la defensa del Rey emérito Juan Carlos I, que ejerce el despacho de Javier Sánchez Junco, la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso por el ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos. El dinero, según los investigadores, podría tener su origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Esta circunstancia, según confirman fuentes del Ministerio Público, será valorada por el equipo liderado por el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos para determinar la validez de la declaración voluntaria hecha pública este miércoles por el Rey emérito Juan Carlos I ante la autoridad tributaria, en la que ha abonado un total de 678.393,72 euros por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018.
La importancia de esta notificación deriva de lo señalado en el artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, «antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».
Que aún no se ha presentado querella está claro, si bien la última parte del artículo, relativa a «actuaciones» que permitan tener conocimiento formal de las diligencias es el aspecto que deberá valorar la Fiscalía para dar por buena o no la regularización a efectos de anular el presunto delito fiscal, señalan las mismas fuentes.
La declaración voluntaria del exmonarca ha llegado formalmente a la Fiscalía del Tribunal del Supremo este jueves a través de los peritos de Hacienda adscritos al equipo que investiga las tres diligencias abiertas contra el que fuera jefe del Estado hasta junio de 2014.
El movimiento realizado por la defensa de Juan Carlos I, según las fuentes consultadas, constituye de un «hecho nuevo» que debe ser analizado de forma pormenorizada antes de decidir sobre el archivo o no de las diligencias de investigación que fueron abiertas hace un año .
Fuentes próximas a la regularización han confirmado que la cantidad abonada, que incluye intereses y recargos, según comunicó ayer el despacho de Sánchez-Junco, correspondería a donaciones superiores a 800.000 euros. La investigación debe concluir aún si esta cantidad se corresponde con la realidad de lo recibido en las supuestas donaciones, apuntan desde Fiscalía.
La presentación de esta declaración parecía ‘ a priori’ despejar el camino a un archivo de las diligencias de la Fiscalía respecto al delito fiscal, pero siempre que la declaración sea «completa y veraz». Además deberá valorarse la incidencia de la notificación formal de las pesquisas, si bien éstas no han derivado aún en procedimiento judicial alguno.
Además de lo ya señalado, el mencionado 305.4 del Código Penal señala expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria si se paga la deuda antes de que por la Administración Tributaria «se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización». Esta notificación por parte de Hacienda no se produjo.
Por otro lado, la Fiscalía debe aclarar también el origen de los fondos de los que se benefició tanto el monarca como algunos de sus nietos con el uso de las tarjetas no deriva del blanqueo de capitales.
La presentación de esta declaración por Juan Carlos I para regularizar su situación fiscal, cuatro meses después de su salida de España, está relacionada con el presunto el uso de tarjetas bancarias de las que se habrían beneficiado tanto el emérito como algunos de sus familiares.
El dinero, presuntamente donaciones del empresario mexicano, se habría canalizado a través de cuentas bancarias a nombre del coronel Nicolás Murga, que fue durante años ayuda de cámara del monarca emérito.
