Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch han avisado, con motivo de la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de que los gobiernos deben dejar de bloquear una exención temporal de algunas normas globales sobre propiedad intelectual porque, a su entender, contribuirá a impulsar el acceso universal a las vacunas contra la Covid-19.
De adoptarse, la propuesta de exención permitiría que un número mayor de gobiernos «cumpla su obligación» de respetar los derechos a la vida y a la salud. Esta advertencia se produce cuando ya ha comenzado la vacunación en Reino Unido y es probable que empiece en otros países en un futuro próximo.
En la reunión de la OMC, según las organizaciones, los gobiernos debatirán una propuesta presentada por India y Sudáfrica de exención temporal de algunas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
La propuesta facilitaría unas transferencias de tecnología que permitirían que fabricantes de todo el mundo produjeran con rapidez y de forma asequible productos médicos relacionados con la COVID-19, incluidas las vacunas. Los países de ingresos altos ya han suscrito acuerdos para comprar la inmensa mayoría de los suministros de posibles vacunas del mundo para 2021, por lo que esta iniciativa contribuirá a ampliar el acceso de la población de los países de ingreso bajos», han dicho.
Asimismo, el director ejecutivo adjunto de relaciones institucionales de Human Rights Watch, Bruno Stagno Ugarte, ha comentado que la propuesta de India y Sudáfrica está concebida para ayudar a los gobiernos a lidiar con la extraordinaria crisis de salud mundial en curso. «Los gobiernos deben adoptar con prontitud esta propuesta para facilitar que haya productos médicos, incluidas vacunas, disponibles y asequibles para toda la población», ha apostillado.
Kenia, Esuatini, Mozambique y Pakistán se han unido a India y Sudáfrica para copatrocinar la propuesta de exención. La propuesta fue bienvenida o apoyada por 100 países, en su mayoría de ingresos bajos y medianos. No obstante, un pequeño grupo de países de ingresos altos (como Brasil, la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Japón y Reino Unido) y sus socios comerciales se han opuesto a ella.
Algunos de estos gobiernos, tal y como han señalado las organizaciones, afirman que las flexibilidades existentes en las normas globales sobre propiedad intelectual son suficientes para permitir la concesión obligatoria de licencias en los países de ingresos bajos y medianos. Sin embargo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han avisado de que las prácticas del pasado muestran que estas herramientas son «difíciles» de usar y que hacen falta «mayores flexibilidades» para afrontar la escala del reto global que representa la COVID-19.
«Sólo podremos acabar con la COVID-19 si los gobiernos reconocen sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantizan que no se deja atrás a las personas más necesitadas de vacunas que salvan vidas. Acordar la exención de los ADPIC es una forma crucial de demostrar que están plenamente comprometidos con hacer de inmediato todo lo necesario para proteger el derecho a la salud de miles de millones de personas, con independencia del país en el que vivan», ha apostillado la asesora de Amnistía Internacional sobre derecho a la salud, Tamaryn Nelson.
Los gobiernos tienen la obligación de garantizar que todos los países comparten los beneficios de la investigación científica y de no interferir en la capacidad de otros países de cumplir sus obligaciones relativas a los derechos a la salud y a la vida, incluida la de garantizar el acceso a productos y tratamientos médicos necesarios para responder a la COVID-19, incluidas vacunas.
«Todos los países deben respaldar la exención de los ADPIC para facilitar el acceso universal y equitativo a estas intervenciones que podrían salvar vidas», han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Todas las entidades que están desarrollando vacunas, incluidas Pfizer-BioNTech, Moderna y Oxford/AstraZeneca, deben, a su juicio, respaldar y participar en el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud para facilitar la puesta en común de la propiedad intelectual y los conocimientos.
Un grupo de expertos y expertas en derechos humanos de la ONU ha hecho pública recientemente una declaración conjunta en la que acogen con satisfacción la propuesta de exención de los ADPIC y ponen de relieve que el marco existente de ADPIC podría tener un impacto negativo en los precios y la disponibilidad de medicamentos.
Además, recordaron a los gobiernos que los derechos de propiedad intelectual no deben ser un «obstáculo» para cumplir su obligación internacional en materia de derechos humanos de compartir «ampliamente» los beneficios de la investigación científica y promover el cumplimiento de dichas obligaciones.
