La asociación de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) ha presentado este jueves un proyecto de preparación gratuita para aquellos opositores a la carrera judicial y fiscal que no tengan recursos económicos. Asimismo han lanzado al Ministerio de Justicia una propuesta de becas públicas para la preparación de opositores basada en el modelo vasco.
En un comunicado, la asociación señala que desde hace tiempo se preocupan por la falta de medios y ayudas para la preparación del acceso a la Carrera Judicial de los opositores en general, y especialmente de aquellos sin recursos o con recursos limitados.
Recuerdan que conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Constitución los ciudadanos «tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes». Y mencionan además el artículo 103 que establece que los poderes públicos deben garantizar el acceso a la función pública conforme a los principios de mérito y capacidad.
Por eso, recalcan que estas previsiones constitucionales sólo pueden cumplirse si se garantiza que cualquier graduado o licenciado en Derecho pueda opositar para ser juez o fiscal con independencia de sus circunstancias personales o económicas.
Al hilo, desde JJpD inciden en que los gastos de quien quiere opositar son importantes debido a la «ardua fase de estudio» que comprende un desembolso en libros, preparadores y academia. Y añaden que también supone un gasto elevado para las familias y para el propio opositor el hecho de que durante el tiempo que dedica a prepararse, no pueda tener otros ingresos.
«Es importante resaltar que una oposición que requiere una dedicación de unas 8-10 horas de estudio diario no es compatible con el desempeño de ningún trabajo para obtener ingresos, so pena de colocarse en una posición de desigualdad respecto de los opositores que no necesitan trabajar. Esta desigualdad es precisamente la que se pretende evitar con las becas», dicen en su documento propositivo.
EL MODELO A SEGUIR Y UNA POSIBLE CUANTÍA DE LAS BECAS
En esta tesitura, dicen desde la asociación de jueces, los poderes públicos deben garantizar un sistema de becas públicas que permita a los opositores con menos recursos tener las mismas posibilidades y opciones que el resto de aspirantes.
Por este motivo, han elaborado una propuesta de becas públicas estatales, sobre la base de las becas que ya ofrece la Comunidad Autónoma del País Vasco y las que ya fueron ofrecidas en 2008 a nivel estatal.
En ella detallan que el número de becas necesario se calcula atendiendo a cada territorio, «si bien cabe tomar como referencia las 40 becas ofrecidas en el País Vasco para el ejercicio 2020-2021». Y resaltan la importancia de que las becas se mantengan en el tiempo, que exista una convocatoria cada año para favorecer a todas las personas que las necesiten, y que se extienda a lo largo de los cinco años que se tarda de media en completar la preparación.
Según el cálculo de JJpD, cada beca al menos en cada uno de los dos primeros años de estudio debería rondar los 6.600 euros (550 euros mes). Y recuerdan que en 2008 la beca estatal ofrecía o bien una dotación anual de 3.000 euros por beca, o bien el acceso a préstamos de hasta 10.000 euros anuales en condiciones ventajosas tanto de tipo de interés (0%) como en los plazos de devolución (con 4 años de periodo de carencia y otros 4 de amortización).
Unido a lo anterior, JJpD ha constituido una bolsa de preparadores para ofrecer preparación gratuita a opositores sin recursos compatible con el sistema de becas propuesto. Estas iniciativas forman parte de un conjunto de propuestas que el nuevo Secretariado de la asociación quiere presentar progresivamente en los próximos meses, tanto a nivel de acceso como a nivel de Derecho Orgánico, con el objetivo fundamental de mejorar las condiciones de los futuros jueces y de los miembros de la Carrera Judicial.
Esta no es la primera vez que desde la asociación proponen medidas como éstas. De hecho ya en enero recordaron al Gobierno que el sistema de acceso a la carrera judicial era mejorable sobre todo desde el punto de vista socioeconómico.
El que por entonces era su portavoz, Ignacio González Vega, explicó que ya en octubre de 2019 dirigieron al Ministerio de Justicia (entonces dirigido por Dolores Delgado), al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a las comunidades autónomas una propuesta para establecer las bases para el otorgamiento de becas públicas destinadas a la preparación de oposiciones a la judicatura y fiscalía.
Y recordaban que La recesión económica y la creciente desigualdad resultante suponía que los aspirantes no partían de la misma casilla de salida para lograr el objetivo y el anhelo de ser juez.
