La Policía Nacional tiene instrucciones internas desde principios de diciembre para reforzar sus controles en aeropuertos con el objetivo de detectar irregularidades en los vuelos comerciales en los que viajan migrantes que se trasladan por su cuenta a la Península desde Canarias, a donde previamente llegaron en pateras o cayucos.
La orden está recogida en instrucciones operativas internas como la del aeropuerto de Manises, en Valencia. Aquí se especifica que estos controles reforzados están dirigidos a «pateristas», como se llama a las personas que utilizan este tipo de embarcaciones, y se lleva a cabo en cumplimiento del oficio de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, con fecha de 3 de diciembre de 2020.
Fuentes policiales precisan que estas instrucciones se han dictado al tener constancia de que algunos migrantes han podido ‘colarse’ de forma irregular en algunos vuelos comerciales a la Península. Recuerdan que los vuelos dentro de España no tienen a priori los mismos controles que cuando se realizan entre países fuera del espacio Schengen, de ahí que se amparen en el real decreto del estado de alarma por el Covid-19 y en la Ley de Extranjería.
Por este motivo fueron detenidos 16 migrantes en Valencia que previamente habían viajado desde Canarias, de los que dos dieron positivo en Covid-19, quedando en cuarentena en hospitales de la región bajo custodia policial. Las citadas fuentes sospechan que los que llegaron a Granada durante el pasado puente de la Constitución también lo hicieron por sus propios medios.
INSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO DE MANISES
La instrucción operativa para el aeropuerto de Manises se dirige a extranjeros llegados desde las islas Baleares o Canarias que, «habiendo entrado de manera irregular en España (patera, cayuco, etc.), arriben a los diferentes aeropuertos o puertos de la Comunidad Valenciana».
Por este motivo, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras ordena reforzar el puesto fronterizo del aeropuerto de Manises y que se realicen comprobaciones de documentación en las bases de datos policiales como Adexttra, al fin de «cerciorarse si portan documentación y si aparecen grabados como pateristas a los que ya se les ha procedido a tramitar un acuerdo de devolución».
En concreto, la Policía tiene instrucciones de registrar la llegada de migrantes a través de una tabla excell y hacer una fotocopia del justificante de presentación de la solicitud de asilo. En el caso de que sean ciudadanos que no consten en la base de datos para proceder a su devolución, lo que se ordena es que se les entregue «una citación para Cecorex, estableciendo un máximo de cinco por día hábil».
En el documento se detallan 13 vuelos a Manises procedentes de Gran Canaria, Lanzarote o Tenerife Norte entre el 4 de diciembre y este domingo, 13 de diciembre. Las citadas fuentes señalan que se tratan de aquellos vuelos comerciales que vienen desde las islas y que deben ser sometidos a este control, aunque otras fuentes sindicales sostienen que en todos ellos han venido o está previsto que vengan migrantes.
LA VERSIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LOS TRASLADOS
La oposición ha criticado la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y también el de Migraciones e Inclusión Social, José Luis Escrivá, por la opacidad sobre el traslado de migrantes a la Península, sobre todo a raíz de las críticas del alcalde de Granada y de la Junta de Andalucía por un vuelo durante el pasado Puente de la Constitución sin previamente avisarles.
Tras el Consejo de Ministros del miércoles, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, dijo sobre el vuelo de Granada que no le constaba «ninguna actuación en este sentido», explicando que se están llevando a cabo reubicaciones «de forma controlada, puntual y priorizando a aquellos que tienen protección en su perfil internacional o aquellas personas que pertenecen a colectivos vulnerables».
El Ministerio del Interior ha explicado en reiteradas ocasiones que «ni organiza, ni gestiona, ni financia» los traslados de migrantes desde Canarias, a donde han llegado de forma irregular unos 20.000 en lo que va de año.
Según este Ministerio, los migrantes que previamente son autorizados –por la Secretaría de Estado de Seguridad– para tener protección internacional o ser encuadrados entre colectivo vulnerable, sí pueden ser «puntualmente» trasladados a la Península para ingresar en el sistema de acogida, cuya competencia es del Ministerio de Migraciones e Inclusión Social.
El miércoles, el Ministerio de Migraciones negó haber llevado a cabo algún traslado «en los últimos días», asegurando que aquellas personas que hubieran viajado a la Península, como el caso de Granada, «no son usuarias del sistema de atención humanitaria».
A los que no tienen esa protección se les abre un expediente de expulsión para ser devueltos a sus países de origen en vuelos que Interior aseguró este jueves que espera retomar «plenamente a corto plazo», tras verse afectados por el cierre de fronteras por la Covid-19. Oficialmente, el Gobierno no ofrece cifras ni de los retornados ni de los trasladados a la Península, aunque fuentes policiales señalan que estos últimos son unos 2.000 en lo que va de año.
Además, Interior ayer recordó que el sistema de acogida es voluntario y que el expediente de expulsión no impide la libertad deambulatoria de los migrantes hasta que se ejecuta el vuelo de retorno a los países de origen.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido esta semana una reunión urgente con el ministro Escrivá, que a su vez acusó a esta organización de levantar sospechas infundadas al cuestionar los protocolos para realizar PCR a los migrantes que llegan a las islas. Interior también asegura que se realizan «estrictos protocolos» para detectar el Covid-19.
