El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha explicado este lunes que el real decreto para prohibir desahucios que está preparando su departamento no plantea la necesidad de compensar económicamente a los grandes propietarios cuando se paralice un desahucio, pero sí deben estudiar cómo hacer frente a sus posibles reclamaciones por no poder disponer de las viviendas que les pertenecen durante ese tiempo.
Es decir, lo que se está estudiando, según Ábalos, «no es la compensación económica sino prever una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado». «Es lo que estamos tratando de dejar claro, que frente a cualquier reclamación, que la propia norma contemple la respuesta que se le debe dar», ha apostillado.
DESENCUENTRO CON UNIDAS PODEMOS
El ministro de Transportes ha respondido así a las acusaciones lanzadas por sus socios de coalición de Unidas Podemos contra el PSOE, de intentar que se compense «con dinero público» a los grandes tenedores de vivienda, y retrasar así la aprobación de citado real decreto por su insistir en esta cuestión.
Al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa que ha ofrecido en Ferraz tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Ábalos ha negado que se estén produciendo «importantes desencuentros» con Unidas Podemos sino «mas bien al contrario», pero ha defendido que deben diseñar una norma que sea rigurosa jurídicamente y no pueda ser «objeto de recursos».
En concreto, ha señalado que hay algunas cuestiones que afectan al Ministerio de Justicia, que tienen que ver con que se puedan prever posible reclamaciones de responsabilidad patrimonial al Estado, que les están llevando ya unos días. No obstante, ha asegurado que se trata de «cuestiones técnicas», y que espera que esté resuelto antes de Navidad.
Ábalos ha insistido en que la ley no pretende que «se tenga que compensar necesariamente» sino «si hay esa posibilidad», en la medida en que se les dice a los propietarios que deben estar tres meses con un desahucios paralizado para poder tramitar la situación de vulnerabilidad y la alternativa habitacional.
«Cuando a un propietario se le plantea que tiene que esperar un tiempo para gestionar tanto el diagnóstico de vulnerabilidad como una alternativa habitacional, todo eso es un tiempo que el que tiene la propiedad está sin disponer de la misma. Por lo tanto, hay que pensar que puede haber algún tipo de recurso», ha enfatizado.
El objetivo es, de este modo, que la norma ya prevea «la responsabilidad patrimonial del Estado», pero no tiene por qué ser una compensación económica sino de dar respuesta a un eventual recurso. «Queremos prever cualquier recurso que se nos haga y para ello la norma lo que está estudiando es cómo hacer frente a esos recursos», ha ahondado.
«Pero necesariamente no debe haber compensatoria económica, pero sí que podría haber un recurso y por tanto la norma tiene que tener una respuesta frene a ello», ha recalcado.
Por otra parte, preguntado sobre si el Gobierno va a subir el salario mínimo, ha asegurado que su posición siempre ha sido la de que esta cuestión se negocie en el ámbito del diálogo social, en el ya ha habido «resultados muy positivos». «Esta cuestión debe replantearse en ese marco», ha afirmado.
