La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este lunes la fase de informes de las partes del juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Juan Enrique Egocheaga, ha sido la primera de las partes en exponer su informe, detallando el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por Acyco en 2003 para prejubilar a 35 empleados.
Ha señalado especialmente que durante el juicio, varios testigos y acusados han reconocido las condiciones «muy favorables» de las prejubilaciones, recordando el testimonio de un exjefe de fábrica de Acyco que manifestaba que para los prejubilados, el ERE era «casi mejor» que un premio «de lotería». Y es que como ha indicado el fiscal, se les garantizaba el 90 por ciento de las rentas y una «renta vitalicia» que asegurase sus ingresos, con lo que «dejaban de trabajar para seguir cobrando lo mismo».
En ese sentido, el fiscal ha considerado que la que fuera presidenta del consejo de administración de Acyco Encarnación Poto y el exresponsable de recursos humanos, Gabriel Barrero, ambos acusados en el juicio, decidieron emprender el ERE con las «garantías» de que los costes del procedimiento recaerían en la Junta de Andalucía y no en la empresa, cuyos «problemas de liquidez» le habrían impedido asumir el alto coste de las prejubilaciones.
EL «PROCEDER» DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO
En ese sentido, el fiscal ha avisado de que ambos «sabían cómo actuar» para cosechar ayudas autonómicas y «el proceder» al respecto de la Consejería de Empleo, tras lo cual ha señalado el «desembarco» en los hechos del abogado José Miguel Caballero, quien había trabajado para UGT y entonces operaba para el despacho Garrigues. Caballero, recordémoslo, también está acusado en este juicio.
Rememorando que Poto atribuyó al citado abogado la oferta del «paquete completo» del ERE con todos los costes del mismo con cargo a la Junta de Andalucía, extremo que este ha negado, el fiscal ha mencionado varias veces la «presencia constante» de Caballero en gestiones conectadas con fondos públicos recibidos por Acyco o sus agentes, opinando que su papel va más allá de la presentación del ERE, pues por ejemplo Poto y Barrero «recurrían a él inmediatamente» ante cualquier «problema» vinculado con las subvenciones de la Junta.
En ese sentido, ha considerado que los acusados conocían la gestión irregular de la ayuda de más de 2,9 millones de euros concedida para el ERE por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, entonces dirigida por Francisco Javier Guerrero, también acusado en el juicio pero ya fallecido; sin que mediase petición formal y al margen del procedimiento administrativo establecido y las verdaderas competencias de Guerrero.
El fiscal ha conectado además a los exmiembros de la consultora Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín, ambos acusados, con las gestiones del ERE y la segunda póliza del mismo para las prejubilaciones de los «intrusos» Andrés Carrasco, «amigo» declarado de Guerrero, y del exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez, fallecido tiempo atrás; toda vez que ninguno de estos otros acusados había trabajado nunca para Acyco y el segundo gobernaba una localidad próxima a la de Guerrero.
LA «FACTURA FALSA»
Respecto a los 210.000 euros anticipados por siete miembros del consejo de administración de Acyco para activar la póliza de las prejubilaciones del ERE, ante un supuesto incumplimiento de los pagos por parte de la Administración andaluza, un dinero que habría sido después devuelto a los mismos mediante una factura de la asociación 3 de Julio de extrabajadores de Acyco no elaborada por la misma, cargada a la Junta y después abonada, el fiscal considera que Poto Barrero y Caballero sabían que se trataba de «una factura burdamente falsa».
Egocheaga también ha abordado la ayuda excepcional de 125.000 euros concedida en marzo de 2010 a Acyco por el acusado Juan Márquez, como sucesor de Guerrero en la Dirección General de Trabajo, cuya primera y única partida fue usada para sufragar parte de los honorarios de Garrigues por el ERE de 2003, según la investigación. A tal efecto, ha fijado un «paralelismo» entre el pleito promovido por Garrigues frente a Acyco por dicha minuta y la concesión de la ayuda, señalando que el primer y único pago de la misma coincide con el «importe exacto» de algo más de 109.000 euros que reclamaba Garrigues y que Caballero «no había conseguido cobrar».
El «destino real» de la ayuda, a su entender, era «el pago de la minuta», algo que Juan Márquez «aceptó» a su entender y que su sucesor en el cargo, el también acusado Daniel Alberto Rivera, «tuvo que conocer» a su juicio cuando decidió «ejecutar el pago» de la ayuda, dado que un «mínimo examen» del expediente arrojaba todas las «contradicciones» en las que incurría el mismo.
«TODAS LAS AYUDAS FUERON ILÍCITAS»
Así, el fiscal ha aseverado que «todas las ayudas» cosechadas por Acyco fueron «ilícitas» al carecer de «procedimiento alguno», incurrir en «arbitrariedades» y «sustituir» la Junta a Acyco en las «obligaciones» de esta última. Señalando que todo ello refleja una «falta de control» de la partida 31 de los fondos autonómicos, usada para financiar los ERE indagados, el fiscal ha asegurado que estos aspectos «no podían pasar desapercibidos a ninguno de los acusados», entre los que figuran el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, considerando que por sus cargos debían conocer los hechos.
Según ha abundado, sería «absurdo pensar» que desde las altas autoridades de la Consejería de Empleo se dejase actuar a los directores generales de Trabajo «a su libre albedrío» respecto a asuntos que implicaban «cantidades muy importantes de dinero público», sin que conste tampoco «ninguna delegación expresa de competencias» en favor de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.
Así, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha finalizado su informe encuadrando los hechos en presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
La Junta de Andalucía, que ejerce también como acusación en este juicio, ha señalado en su informe que las ayudas autonómicas de Acyco fueron concedidas «al margen de la Ley y con total desprecio a los procedimientos», considerando que Antonio Fernández «conocía la concesión» de estos fondos y enmarcando los hechos en presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y de tráfico de influencias, delito este último que ha atribuido a Encarnación Poto y Antonio Fernández, rememorando que el exconsejero llegó a admitir que antes de los hechos indagados, conocía a Poto «desde hacía muchos años».
En el caso del PP de Andalucía, que ejerce la acusación popular en este juicio, ha manifestado su adhesión al informe previamente emitido por la Fiscalía. La sesión continuará este martes con los informes de las defensas de los acusados.
