El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz sigue cuestionando que el notario de Mahón (Menorca) que protocolizó los mensajes del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez no tuviera conocimiento oficial del requerimiento por el que entregó dicha acta notarial al juez, y por tanto que la investigación de la ‘operación Kitchen’ estaba bajo secreto de sumario, en el momento que preguntó a su cliente cómo se borraba un mensaje.
La defensa del exministro, ejercida por el abogado Jesús Mandri, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que dirija un oficio al Consejo General del Notariado para que certifique cuándo requirió exactamente al notario Alberto Vela Navarro-Rubio que aportara los mensajes que el ex ‘número dos’ del Interior registró.
En un escrito remitido este martes, también pide que el Consejo confirme y aporte copia de cómo notificó a Vela el requerimiento judicial con fecha del pasado 9 de marzo, si se hizo «mediante llamada telefónica, correo electrónico o por otro medio».
Asimismo, interesa que informe, adjuntando igualmente copia, de «cual fue la contestación» del notario Vela Navarro-Rubio, quien mantiene una relación con Martínez.
UN DÍA DESPUÉS DE LAS DECLARACIONES DE LOS NOTARIOS
Este escrito se presenta justo un día después de que los notarios Enrique A. Franch Quiralte y Alberto Vela Navarro-Rubio comparecieran como testigos ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 con el fin de determinar quién es el autor de los mensajes que el ex secretario de Estado protocolizó.
Según indicaron fuentes jurídicas presentes, ambos defendieron la labor que desarrollaron cuando Martínez acudió a ellos para registrar los mensajes que supuestamente había cruzado con el ex minsitro del Interior y en los que se hablarían de la ‘operación Kitchen’.
Sin embargo, ninguno de los dos comprobó el origen de los mensajes, ya que, tal y como manifestaron, se trataba de recoger las manifestaciones de Martínez.
El notario de Mahón compareció por videoconferencia y acompañado por su abogado para evitar verse perjudicado en la investigación abierta contra él por un presunto delito de violación de secretos. Por este motivo, rechazó contestar alguna de las preguntas.
Durante su comparecencia, el fedatario público negó haber cometido un delito de violación de secretos al preguntar a Martínez cómo se borraba un mensaje porque éste no guardaba relación con la causa, sino con un «chiste con imágenes subidas de tono», tal y como indicó el ex secretario de Estado de Seguridad.
NO CONOCÍA LA PETICIÓN DEL JUEZ, ALEGÓ EL NOTARIO
Asimismo, argumentó, según las fuentes presentes en la declaración, que cuando mantuvo la conversación que hace sospechar de que comunicó a Francisco Martínez el requerimiento judicial, saltándose la advertencia del secreto sumarial, aún no tenía conocimiento de esta petición del juez instructor. Esta tesis también fue esgrimida por el abogado del ex ‘número dos’ de Interior en un recurso contra la imputación del notario.
El abogado Jesús Mandri no da credibilidad a esta teoría, sino que sostiene que la conversación de Whatsapp mantenida entre el notario de Mahón y Francisco Martínez se produjo «el mismo día que el juzgado remitió mandamiento judicial al notario y dos días más tarde del oficio dirigido al Consejo General del Notariado», es decir el pasado 11 de marzo.
Así, concluye el escrito remitido al juez García Castellón que las comunicaciones sí que «guardaba relación directa con el contenido del acta notarial otorgada el 13 de junio de 2019, que protocolizaba varios mensajes que se atribuyen al sr. Fernández Díaz y que éste niega haber enviado y recibido».
El propio Martínez explicó ante el juez que decidió acudir a los dos notarios para protocolizar los mensajes que supuestamente había intercambiado en 2013 con Fernández Díaz porque se sentía «dolido» y «abandonado» porque el ex ministro declaró en medios de comunicación que no sabía nada del operativo parapolicial montado para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Sin embargo, Fernández Díaz niega ser el autor de estos mensajes e incluso cuestionó el modo en el que se levantaron las actas notariales aportadas a la pieza 7 del caso ‘Tándem’ en la que ambos se encuentran investigados.
Asimismo, la defensa del ex ministro entregó un informe pericial que afirma que estas conversaciones están «manipuladas» y solicitó al juez que llamara a declarar al experto informático para que ratifique el contenido de este documento. Una petición en la que insiste el abogado en el escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional.