El senador de UPN, Alberto Catalán, ha presentado en la Cámara Alta un veto al proyecto de ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, más conocida como ‘ley Celaá’, una iniciativa que califica de «partidista y sectaria» y que, en su opinión, «en nada avanza hacia un Pacto por la Educación que luche contra el abandono escolar, proporcione la financiación necesaria y garantice la igualdad de oportunidades, sino todo lo contrario».
Catalán considera que la tramitación de la ley en el Senado se ha realizado de forma «atropellada», y censura que la Cámara Alta haya rechazado la propuesta de diferentes formaciones, entre ellas UPN, de habilitar el mes de enero para celebrar comparecencias de representantes de la comunidad educativa, responsables de consejerías y expertos con el fin de «mejorar en lo posible su articulado». «La opacidad ha llegado a tal extremo que se ha impedido, incluso, la comparecencia de la ministra de Educación y Formación Profesional», explica.
Para el senador de UPN, se trata de una ley «no participada ni consensuada con toda la comunidad educativa, una ley sectaria que pretende imponer unos postulados ideológicos sin tener en cuenta los derechos de una buena parte de la sociedad española».
«Se ha perdido, una vez más, una magnífica oportunidad para abordar una cuestión tan importante como es la educación desde el acuerdo y el consenso, alejados del sectarismo que viene caracterizando la aprobación de estas normas de manera unilateral por el ejecutivo de turno», ha aseverado.
Catalán ha anunciado que, además del citado veto, UPN ha presentado en el Senado una treintena de enmiendas a ‘ley Celaá‘ que pretenden, entre otros objetivos, «garantizar la libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos e hijas, ya que la nueva ley no lo respeta y, además, ataca a la educación concertada y a los centros de educación especial».
También se han presentado enmiendas destinadas a impedir «los libros de texto y otros materiales complementarios que no cumplan el currículo, la legalidad vigente y la realidad institucional de Navarra», así como para reforzar las funciones de la Alta Inspección en el amparo a la comunidad educativa «ante los atropellos de la administración».
Por otro lado, los regionalistas presentan enmiendas para incrementar los recursos, realizar desdobles y disminuir las ratios de las aulas en aquellos casos en los que los grupos ordinarios superen el 25 por ciento de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo relacionada con incorporación tardía, condiciones personales, o de historia escolar.
A este respecto, Catalán señala que en Navarra «el 66% de los alumnos con necesidades específicas de apoyo escolar están escolarizados en los centros públicos de castellano, el 21% en centros concertados en la misma lengua, el 12% en públicos que utilizan el euskera y un número insignificante en los concertados en euskera».
UPN también ha presentado enmiendas para potenciar el aprendizaje del inglés en centros escolares y posibilitar que las administraciones públicas convoquen determinadas plazas de docentes con el requerimiento del conocimiento de lengua extranjera.
Finalmente, los regionalistas inciden en «la necesidad de recuperar el castellano como la lengua vehicular en todas las etapas educativas y el reconocimiento de la labor docente».
