miércoles, 16 junio 2021 21:10

Encargado de ‘Operación Bicho’ declara en comisión de investigación

La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la situación provocada por el Covid-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno regional de la misma durante los meses de febrero a junio, punto álgido de la pandemia del coronavirus, celebrará nueva sesión este viernes que arrancará a partir de las 9:45 horas.

Y en ella han llamado a declarar a Eduardo Esteban Aragonés, gerente de Transamed, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de “informar sobre las actuaciones desarrolladas en las residencias de personas mayores de la Comunidad de Madrid, así como respecto a la situación encontrada en las mismas“, según figura en el orden del día del Parlamento regional.

También será interrogado por los diputados de todos los grupos políticos Juan José García Ferrer, secretario General de LARES, asociación de residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario en la Comunidad de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre su conocimiento de la situación provocada por el Covid-19 en la región.

“Debido a sus responsabilidades, y en el ejercicio de las mismas, debería conocer las circunstancias en que se han adoptado decisiones relativas al funcionamiento de las residencias de mayores durante dicho período en base a las competencias del mando único tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19″, señalan como motivo de comparecencia.

El viernes 4 de diciembre compareció en esta misma comisión Encarnación Burgueño, directora de la empresa Cardio Líder, la responsable de la llamada ‘Operación Bicho’, el proyecto privado para dar “apoyo sanitario” a las residencias en el punto más crítico de la pandemia.

Según explicó, el 26 de marzo el luego cesado director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, contactó con ella para que a través de un acuerdo comenzara a colaborar con la Consejería de Sanidad como entidad colaboradora. Al día siguiente empezó el encargo, labor que terminó el 6 de abril “por culpa del amarillismo periodístico y político”, dijo.

Como no tenía trabajadores a su cargo, Burgueño aseguró que contactó con la empresa Transamed, que puso en marcha tres equipos compuestos por tres personas cada uno (médico, enfermera y técnico de emergencias sanitario) que recorrieron 101 residencias durante esos 10 días.

“En ningún momento la intención era medicalizar, sino que fuera una herramienta y estudio de campo, y una primera ayuda a la residencia. Teníamos que conocer cómo estaban las residencias ‘in suti’; y ya que estábamos ahí, pues les ayudábamos. Por el caos que había, tuvimos que poner oxigeno, suero o dar medicalización”, señaló.

La compareciente detalló también que contaba con un listado Excel de la Consejería de Políticas Sociales con varios centros en rojo, verde y amarillo dependiendo de la situación en ese momento y que con esos datos tomaba la decisión de ir a uno u otra residencia, llamando antes indicando que iban a ir como empresa colaboradora de la Comunidad.

La coordinadora de la ‘Operación Bicho’, nombre derivado del grupo de WhatsApp con el que trabajaban, señaló en varios momentos que “empezaron a trabajar en una situación caótica” y que no tenían contrato oficial con la Comunidad por “el estado de alarma”. Sin embargo, luego ha enseñado un acuerdo firmado por Carlos Mur para que les abonasen pagos fijos (los sueldos de los trabajadores) y variables (gasolina y demás).

No obstante, Burgueño declaró que hasta el momento ella no ha cobrado nada del Gobierno regional por estos servicios ni a los trabajadores actuantes les ha pagado Transamed. “Por la prensa me enteré luego que esta empresa no los tenía dados de alta. Si lo llego a saber yo contrato a los médicos directamente, no les dejo trabajar así. A mí me dijo (el responsable de Transamed) me dijo que tenía toda la gente contratada”, aseveró. Algo de lo que tendrá que responder este viernes su gerente, Eduardo Esteban.

La directora de Cardio Líder respondió, a preguntas de los diputados, que a pesar de no haber cobrado no presionará a la Comunidad “ni va a hacer nada” para que le paguen; pero si quiere que cobren los trabajadores actuantes en Transamed y que si no lo hacen ella les pagará pidiendo un préstamo.

Sin embargo, a raíz de los audio con varias conversaciones suyas que ha publicado este viernes el diario El País, que ella tacha de “ilegales y fuera de contexto”, la coordinadora de la ‘Operación Bicho’ ha admitido que sí habló de dichos pagos con su padre, Antonio Burgeño, que director general de Hospitales de la Comunidad en una etapa del Gobierno de Esperanza Aguirre.

“Mi padre me llamó y me dijo que no dejáramos, pero ellos me dijeron que siguiéramos. Me dijo que a lo mejor no podían pagar a los médicos. Intenté que mi padre me dijera qué tenía que hacer para que cobrara Transamed. Yo voy a demandar al representante de Transamed, Eduardo, porque la prensa ha utilizado como ha querido esos audios. Mi afán es pagar a esos médicos, enfermeras y técnicos que no han pagado”, manifestó.

Encarnación Burgueño intentó durante su intervención en la comisión desvincularse de su padre, “con el que apenas habla”, asegurando que cuando él trabajo en la Comunidad no la contrató estando ella “en paro”. Llegó incluso a decir que su ideología es “totalmente la del Partido Socialista” y culpó en varios momentos del “amarillismo periodístico” del hecho que no continuaran con su trabajo en residencias. “Que no se haga tanto caso a la prensa, que investiguen mejor”, exigió a los periodistas.

Encarnación Burgueño reconoció que los equipos que fueron a las residencias lo hicieron al principio con mascarillas y guantes, pero sin ‘buzos’ porque “los pidieron, pero no llegaron”. A su llegada encontraron geriátricos con falta de EPIs, personal y con situación como un centro donde los empleados dormían en el suelo, otros donde había residentes muertos desde hace varios días y otros donde hacía 10 días que no llegaba un médico.

La compareciente explicó la “caótica” realidad con la que encontraban lo comunicaba mediante un informe redactado por la noche que enviaba al doctor José Luis Morillo para que llamara al Summa o a la UME, en cada caso. Incluso ella, quien no fue nunca ‘in situ’ a un geriátrico porque “es personal de riesgo”, relató que llegó a gestionar con funerarias que retiraran cuerpos previa autorización de familiares.

A pesar de todo lo ocurrido, Burgueño afirmó que “lo volvería a hacer” porque su único ánimo es “ayudar a las personas mayores”. “Yo veía un servicio más que un negocio. Para mí lo primero soy las personas mayores y sí estoy capacitada para ese trabajo. Pero fueron diez días, no me dio tiempo a nada. Nunca me ha gustado cómo han funcionado las residencias”, expresó.

La responsable de la ‘Operación Bicho’ insistió en varios momentos de la comisión que tiene una preparación para poder llevar a cabo este tipo proyectos porque es “auditora de calidad, directora de centros sociales, gestión de proyectos sociales y auxiliar sanitaria”. “Y sigo con ello, porque me considero muy capacitada para tratar a las personas mayores como se merecen”, remató.