La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado denegar la petición formulada por la defensa del Partido Popular de aunar las acusaciones populares bajo un solo letrado en la vista oral en la que se juzgará a partir del 8 de febrero de 2021 el pago de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la presunta ‘caja B’. Los magistrados consideran la petición «extemporánea».
En un auto de 17 de diciembre, la Sala indica que «dada la fase del procedimiento, constituida ya la relación jurídico-procesal, habiendo formulado las acusaciones su respectivo escrito de acusación y propuesto su prueba, habiéndose dictado auto de admisión de prueba respecto a la solicitada por cada una de ellas y habiéndose señalado la fecha de juicio oral, tal petición es extemporánea».
Señalan que no es el momento procesal oportuno para alterar la posición procesal de las partes, «aun cuando sea por la vía de agrupación de la defensa y representación de las acusaciones populares». Y recuerda que cada una de ellas ha desplegado ya su estrategia a través del escrito de acusación con los hechos que consideran punibles, las personas contra quienes se dirigen y su calificación jurídica.
Destacan, al hilo, que se puede observar además que los escritos de cada acusación «no son idénticos» entre sí, ni lo son tampoco las pruebas propuestas. Con esto, echa por tierra uno de los razonamiento del PP –que concurre en este juicio como responsable civil subsidiario– ya que alegaba que las seis acusaciones persiguen los mismos hecho, ejercitan la acción penal contra las mismas personas, e incluso que coinciden en la calificación jurídica de sus seis escritos de acusación.
Por eso, los ‘populares’ entendían que existía convergencia de intereses, algo exigido por la interpretación del artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal(LECrim) que realiza el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo (TS) y que con la unificación se busca un proceso sin dilaciones indebidas.
Desde IU se dirigió escrito a la Sala a principios de diciembre apuntando que el objetivo del PP con esta maniobra era intentar dejar sin voz a las acusaciones populares, y advertía a la Audiencia Nacional de que el PP «desde el comienzo de esta causa ha jugado un papel alejado de la buena fe procesal, en una estrategia en la que su concepción de la acusación popular raya el abuso de derecho y el fraude de ley o procesal».
El Tribunal dice ahora que en todo caso «se trata de valorar cuál de los dos derechos en conflicto debe primar, si el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o el derecho de defensa y el derecho a la libre elección de abogado por cada parte.
Y recalca que «no es lo mismo examinar el conflicto derecho a un proceso sin dilaciones indebidas versus el derecho de defensa» si se hace en la fase inicial del procedimiento cuando está en instrucción que cuando ya se ha completado la instrucción y la fase intermedia y falta algo más de un mes para el comienzo del juicio oral.
Puesto que esas dilaciones ya sólo se pueden dar en la vista o con posterioridad en el momento de los recursos, la Sala indica que será el presidente del Tribunal «a través de la facultad de dirección del juicio que le corresponde» quien velará por que se eviten posibles reiteraciones a través de la declaración de pertinencia o impertinencia de las mismas.
JUICIO QUE SE ALARGARÁ DURANTE 4 MESES
El tribunal formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García Pérez prevé celebrar más de 40 sesiones que se prologarán hasta finales del mes de mayo de 2021.
En el banquillo se sentarán el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exgerente ‘popular’ Cristóbal Páez y los socios de Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García. También la empleada de esta empresa Laura Montero, ya que las acusaciones populares ejercen acusación contra ella, a diferencia de la Fiscalía y Abogacía del Estado.
Parte de la expectación de este juicio llegará con las testificales, pues entre los comparecientes previstos están los expresidentes del Gobierno y ex líderes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy, cuyas declaraciones han sido solicitadas por acusaciones populares y no por Anticorrupción.
En el caso de Aznar, será la primera vez que declare en la Audiencia Nacional para que explique qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de su partido. En cambio, Rajoy ya compareció ante este tribunal como testigo en el juicio por la primera época de la trama Gürtel.
También comparecerán los ex secretarios generales del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, los exministros Federico Trillo, Jaume Matas y José María Michavila; y el expresidente del Senado Pío García Escudero, así como otros ex altos cargos del partido.
