El precio de los carburantes no deja de subir fruto de la dinámica propia del mes -festividades como el Puente de la Constitución, y ahora las festividades de Navidad-. La apertura de las restricciones locales en varias regiones española ha animado el consumo. Sin embargo, se espera que a medida que se ratifica la subida de los impuestos al diésel, éste y la gasolina se disparen. Y lo harán, como avisan las petroleras, de cara al consumidor. El efecto, en plena crisis de consumo y económica, puede ser fatal para los planes de Sánchez y sus socios de Gobierno. En peligro, una suculenta ‘tajada’ que se lleva el Estado de los carburantes.
SANCHEZ TIEMBLA: ¿SERÁN LOS IMPUESTOS UN BOOMERANG PARA EL GOBIERNO?
Recapitulemos cuánto se lleva el Estado a cuenta del consumo de gasolina y diésel, y por qué la subida de impuestos puede truncar los planes de Sánchez para cumplir con lo pactado con los socios de investidura y presupuestos.
Según datos de la patronal de las petroleras, la recaudación total del Estado a través de impuestos a los carburantes ascendió en 2019 a 19.804 millones de euros. De éstos, 12.264 millones de euros se corresponde con lo que recibe el Estado como recaudador de los impuestos a la gasolina, y los 7.540 millones de euros restantes al IVA. En total, el crecimiento interanual se situó en el 6%, con un neto de 1.204 millones más.
Además, hay que tener en cuenta que el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que recogían las comunidades autónomas ha sido absorbido por el tipo estatal, de modo que los gobiernos autonómicos ahora no ven nada del pastel de la gasolina en sus arcas. Todo lo recauda el Estado.
¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?
Según las estimaciones de Sánchez, la equiparación de los impuestos (aka recaudación) del diésel respecto a la gasolina daría al Estado colchón extra de 2.500 millones de euros. Siempre y cuando el cuento de su lechera se cumpla al pie de la letra. Sin embargo, el equipo de Moncloa empieza a zozobrar en su confianza sobre lo que puede inyectar a sus presupuestos como ingresos.
Por un lado, las petroleras le han lanzado ya un aviso de que ellas no están dispuestas a absorber el impuesto, así que lo repercutirán en el precio de la gasolina. De este modo, de nuevo, es el consumidor el que paga la guerra de recaudación gubernamental. Históricamente, el aumento de los precios de los combustibles ha significado un retroceso en la demanda y por lo tanto en el volumen de impuestos e IVA a cobrar por parte del Estado. Sánchez lo sabe, y teme que se dé la tormenta perfecta que haga tambalear los que esperaba fueran ya los presupuestos de lo que queda de legislatura.
Así, una tercera ola por coronavirus sería demoledora para los planes de Sánchez. El confinamiento supuso una fuerte caída del consumo de carburante: de enero a mayo, se ha comido un 20% de la recaudación del año anterior en el mismo periodo del año pasado.
La otra piedra en el camino la ha colocado Aitor Esteban al imponer que el Gobierno posponga la aplicación de la equiparación diésel-gasolina para el apoyo parlamentario. Un revés para Sánchez y su equipo de coalición, que ve cómo el impulso a las renovables y transportes ecológicos sufre un frenazo. Para solventarlo, Ribera ha optado por acelerar y proponer nuevos beneficios impositivos a la movilidad eléctrica y a las energías renovables.
Sánchez tiene que tomar rápido una decisión sobre la gasolina si no quiere que los socios comiencen a llamar a la puerta reclamando lo prometido -que, como siempre, no sabemos oficialmente-. Y todo ello colocando una soga invisible sobre el cuello del consumidor. De nada sirven los avisos de la UE o del Fondo Monetario Internacional: penalizar las rentas medias y bajas con impuestos en plena recesión es jugar a la ruleta rusa.
