El Real Decreto-Ley para regular la concesión de ayudas a los afectados por la talidomida en España se aprobará este martes en Consejo de Ministros, según ha informado en llamada telefónica este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), José Riquelme.
En concreto, estas ayudas afectarán a los 103 talidomidicos españoles que lo soliciten y estén reconocidos como tales por el el Comité Científico-Técnico de la Talidomida y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). A partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se abrirá un plazo de 30 días para solicitar las ayudas.
Según informa AVITE, Sánchez ha autorizado a la asociación a trascribir el resumen de la conversación mantenida telefónicamente con Riquelme, consensuada previamente con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.
Entre otros puntos, el jefe del Ejecutivo ha confirmado a AVITE que ya están desbloqueados los «temas que estaban enquistados», como la cantidad de los 20 millones de euros presupuestados, que serán ampliables a «la cantidad que sea necesaria». Además, las ayudas a abonar el Estado estarán fiscalmente exentas de tributación, igual que ocurre en las ayudas a otros colectivos de enfermos en España, mientras que los puntos de minusvalía de los afectados «serán intocables».
Asimismo, según AVITE, el gobierno va a obligar a la compañía Grünenthal, responsable del fármaco que produjo sus malformaciones, a abonar su porcentaje de indemnización como marcaba la Disposición 56ª de la Ley de PGE de 2018 en su artículo 4, para que asuma la «responsabilidad moral» que sigue teniendo la farmacéutica.
También se va a establecer una Comisión Gobierno-AVITE para estudiar aquellos casos que se han quedado fuera, y que en 2010 sí fueron reconocidos por el Instituto de Salud Carlos III como positivos, y que en 1 semana tienen que estar resueltos.
AVITE, mientras tanto, tiene una demanda interpuesta contra el Ministerio de Sanidad, en la que reclaman 400 millones de euros, por «haber incumplido lo dispuesto en la LGPE 6/2018». La demanda se sustenta en que primero la Proposición no de Ley de 26 de noviembre de 2016, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, y posteriormente la Ley General de Presupuestos del Estado 6/2018 en su disposición adicional quincuagésima sexta, establecían la obligación del pago de dos tipos de ayudas a los afectados de la talidomida en España: una con cargo a los presupuestos públicos, y otra con cargo a Grünenthal, a la que previamente debía el Gobierno reclamar responsabilidad por la tragedia, según exige el texto de la ley.
«Ahora parece que si va en serio, y las promesas tantas veces incumplidas del PSOE y de Pedro Sánchez con los talidomídicos españoles se van a hacer realidad en cuestión de horas», celebra AVITE en un comunicado.
