El Gobierno ha solicitado al Congreso habilitar el mes de enero para poder aprobar, entre otras, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, bautizada como ‘Ley Rhodes’, el apellido del pianista británico afincado en España James Rhodes, quien sufrió abusos sexuales cuando era un niño.
En concreto, el Ejecutivo ha registrado varios escritos en la Cámara, solicitando que «se celebren las sesiones extraordinarias de los órganos parlamentarios que sean necesarios para la tramitación y aprobación» de un total de cuatro iniciativas legislativas.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética llegó al Congreso en mayo y pasó su primer examen en el Pleno en julio, con el rechazo de la enmienda de totalidad presentada por Vox. Tras el parón de agosto, también inhábil a efectos parlamentarios, en septiembre la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico abrió una ronda de comparecencias de expertos y los grupos registraron sus enmiendas parciales a mediados de octubre.
A principios de este mes se acordó tramitarla por el procedimiento de urgencia y, tras la petición del Gobierno de habilitar enero, la previsión es que quede aprobada durante ese mes en comisión y se envíe al Senado para continuar allí su andadura parlamentaria.
La ley redactada por el equipo de la vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, establece que España debe alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, y que para entonces, el sistema eléctrico habrá de ser cien por cien renovable. Además, el proyecto legislativo marca una senda con pasos intermediso, como alcanzar en 2030 una rebaja de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 20 por ciento respecto a 1990.
LA LEY RHODES LLEGÓ AL CONGRESO EN JUNIO
Pese a tramitarse por el procedimiento de urgencia, también está pendiente de aprobación la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que llegó al Congreso en junio, pero cuyas enmiendas parciales no se registraron hasta octubre. Ahora el Gobierno ha pedido que se aproveche enero para estudiarlas primero en ponencia y luego en comisión.
En este caso, al tratarse de una ley de carácter orgánico, la iniciativa no podrá ser remitida directamente al Senado desde la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, sino que tendrá que volver a pasar por el Pleno del Congreso, lo que podría suceder a finales de enero.
Esta norma, que lleva al firma de la Vicepresidencia que ocupa el líder de Podemos, Pablo Iglesias, aumenta el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, que, cuando entre en vigor se empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años. Ahora lo hace cuando alcanza la mayoría de edad y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.
VIOLENCIA DE GÉNERO
Otra de las leyes que el Gobierno quiere que se aprueben en el primer mes de 2021 es la que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Los grupos registraron sus enmiendas a principios de diciembre tras escuchar a los expertos que desfilaron por la Comisión de Justicia y la previsión es que la norma pueda remitirse al Senado antes de que acabe enero.
Las medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género durante la pandemia de Covid-19, aprobadas por el Gobierno en marzo, llevan en vigor desde entonces, pero el Congreso acordó tramitar ese decreto por como proyecto de ley.
En este caso, las enmiendas parciales se registraron en junio, pero luego, aunque también se tramitaba por la vía de urgencia, no se dio ningún paso más. Ahora la idea es analizarlas en ponencia y comisión y mandar la norma al Senado antes de que acabe enero.
COMPARECENCIAS SOBRE LA LEY DE CADENA ALIMENTARIA
Además, el Gobierno ha pedido habilitar la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación para que se puedan celebrar las comparecencias de expertos sobre el proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que está en la Cámara desde noviembre, y poder avanzar así en su tramitación.
Por su lado, el PSOE y Unidas Podemos, han sumado a ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias para forzar que se habilite también el mes de enero para tramitar y, en su caso, aprobar la reforma que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras siga con su mandato caducado.
Con los mismo aliados han pedido que se pueda reunir durante ese mes, para aprobar su plan de trabajo, la comisión de investigación sobre la conocida como ‘Operación Kitchen’ y que puedan comparecer en el Congreso los aspirantes al concurso público abierto en 2018 para renovar los miembros del Consejo de Administración de la CorporaciónRTVE.
