El aumento de consultas para divorciarse tras el periodo más duro del confinamiento no se traducirá en un ascenso significativo de separaciones y divorcios, según indica el III Observatorio del Derecho de Familia presentado este 29 de diciembre por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). Finalmente, el impacto de la crisis económica ha disuadido a muchos españoles de dar el paso para formalizar la ruptura matrimonial.
Así, solo un 27% de los abogados de la AEAFA ha constatado durante la pandemia un incremento de separaciones y divorcios superior al que se produce después de un periodo prolongado de convivencia, tal como sucede cada año tras la Navidad, la Semana Santa y el verano. En cambio, el 73% de los juristas encuestados percibe una cifra igual o inferior al de un periodo vacacional.
«Las personas que se encuentran en paro, ERTE o han perdido su negocio no pueden sostener dos unidades familiares a la vez», refiere la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano.
El incremento de separaciones y divorcios que registró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el tercer trimestre del año, de un 16% más respecto a 2019, responde a la reapertura de los juzgados después de casi tres meses de parálisis más que a una evolución al alza de las disoluciones matrimoniales.
En cambio, donde sí se ha detectado una variación significativa es en las peticiones de modificación de medidas para reducir la pensión de alimentos a los hijos por parte de progenitores divorciados (tal como indica el 53% de los encuestados).
CAMBIOS EN SITUACIONES DE APORTACIÓN ECONÓMICA
La caída significativa de los ingresos ha forzado a padres y madres a plantear ante el juez el recorte en las aportaciones económicas. Para que prosperen, los afectados deben demostrar que el cambio de las circunstancias es sustancial y no se trata de una situación transitoria o coyuntural. Asimismo, debe ser imprevisto y que no haya sido provocado o buscado voluntariamente por el progenitor.
A raíz del deterioro de los presupuestos familiares, los abogados de la AEAFA también han constatado un crecimiento significativo de los procesos de Jurisdicción Voluntaria por discrepancias de los progenitores en el ejercicio de la patria potestad del artículo 156 del Código Civil.
Estas discrepancias se refieren a cuestiones como el cambio de colegio, las actividades extraescolares o los tratamientos sanitarios sin cobertura de la Seguridad Social como la ortodoncia, cuyo impacto económico es importante.
«Hay progenitores que, aunque mantienen la misma aportación por pensión de alimentos, plantean que los hijos vayan a un colegio público o concertado en vez de a uno privado al no poder hacer frente a este desembolso. Lo mismo sucede con actividades extraescolares que implican un coste importante», afirma la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano.
El Observatorio del Derecho de Familia también revela un auge de solicitudes de custodias compartidas (así lo indica el 40% de los asociados de AEAFA). «El confinamiento ha permitido a muchos progenitores comprobar que pueden compaginar el trabajo y el cuidado de los niños, en gran medida gracias al teletrabajo. La gente ha aprendido a organizarse. Al mismo tiempo, aquellos progenitores que tenían la custodia exclusiva se han dado cuenta de lo importante que es tener tiempo para ellos mismos», ha explicado la presidenta de AEAFA.
Otro de los aspectos que ha puesto de manifiesto el observatorio es el incumplimiento de visitas durante el estado de alarma, en gran parte motivado por la decisión de algunas juntas de jueces que recomendaron suspender cualquier sistema de visita y/o custodia compartida, quedando los menores en compañía del progenitor con quien estuviesen en el momento decretarse el estado de alarma.
«Esta circunstancia sirvió de excusa a algunos progenitores para contravenir sus obligaciones e impedir que los niños compartieran tiempo con su expareja», ha subrayado la presidenta de AEAFA. En cambio, en los partidos judiciales donde se mantuvieron los sistemas de reparto de tiempo y los regímenes de visita de los fines de semana alternos o las intersemanales con pernocta, el nivel de incumplimientos fue menor o se pudo recuperar posteriormente los tiempos de visita. Así lo indican el 77% de los abogados consultados.
