El Gobierno ha aprobado este martes las pautas para impulsar y actualizar el uso de las lenguas oficiales autonómicas dentro de la Administración General del Estado (AGE) para impulsar la política lingüística y, dentro de ellas, se llevará a cabo la creación de Unidades de Lenguas en los Ministerios en las que se designará a una persona como interlocutor con la Oficina de Lenguas.
Así lo ha dado a conocer el Ministerio en un comunicado en el que ha explicado sobre esta medida que «se basa en las actividades de concienciación desarrolladas con éxito en otras materias, como las unidades de transparencia». También han trasladado otras pautas como la adopción de medidas de sensibilización y concienciación entre los empleados públicos de servicios centrales y, en esta línea, un aumento de las actividades de formación.
Asimismo, recomiendan establecer un sistema de indicadores para organizar la información mediante un sistema que permita cuantificar, evaluar y medir lo que se hace, así como revisar y actualizar el repositorio de los documentos con la creación de uno nuevo en coordinación con la Dirección General de Gobernanza, «responsable de las cuestiones relativas a imagen institucional». Por último, también han sugerido la dotación de medios personales y materiales para desarrollar la política lingüística y la implementación de una metodología para la validación de páginas web.
Por su parte, el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, ha destacado que «las lenguas son riqueza y variedad» y que las lenguas son un derecho del ciudadano y es un deber de la Administración garantizar este derecho.
El secretario de Estado ha hecho balance de la actividad de la Oficina de Lenguas, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en la reunión del Consejo de Lenguas Oficiales de la AGE, órgano colegiado interministerial integrado por todos los departamentos ministeriales y al que han asistido representantes de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales de Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana y Galicia.
El principal objetivo del encuentro, ha subrayado el secretario de Estado, ha sido aprobar las conclusiones del Informe de Diagnóstico y también alcanzar un consenso sobre las recomendaciones que derivan del mismo, que asumidas conjuntamente por todos, marcan la hoja de ruta para mejorar en los próximos tres años el cumplimiento de los compromisos asumidos por España en la protección de las lenguas.
Han participado también en la reunión la directora de gestión editorial del BOE, Susana Gómez, la directora académica del Instituto Cervantes, Carmen Pastor, el director del INAP, Mariano Fernández Enguita, y el experto independiente del Consejo de Europa para la Carta de Lenguas Regionales y Minoritarias, Albert Branchadell.
Hernández Spínola ha subrayado que la rápida generalización de las reuniones telemáticas ha ayudado mucho a la cooperación territorial y la cogobernanza. «Si todo mecanismo de cooperación y colaboración es indispensable en un Estado descentralizado como el nuestro, todavía tiene más relevancia en la materia que nos ocupa, la política lingüística y las lenguas oficiales», ha enfatizado.
