La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) y la patronal estatal del ocio nocturno Spain Nightlife han informado de que quieren ejercer la acusación popular en el caso de la ‘rave’ de Llinars del Vallès (Barcelona), que lleva un juzgado de Granollers (Barcelona).
Ambas patronales aspiran a que los eventuales imputados –hay dos detenidos por desobediencia grave y cinco investigados– reciban el castigo más elevado previsto en la ley, aunque lo consideran menor «teniendo en cuenta la gravedad de los hechos», sostienen este domingo en un comunicado.
Han lamentado que el Código Penal no prevea como delito contra la salud pública la propagación de enfermedades y epidemias, por lo que Spain Nightlife se ha comprometido a solicitar al Gobierno que impulse una reforma; en paralelo, la Conselleria de Interior ha preguntado a la Fiscalía si es posible investigar a los participantes en la ‘rave’ por ese delito.
«CON EL SECTOR LEGAL NO SE NEGOCIÓ EL CIERRE»
Las patronales han acusado a la Generalitat de negociar con los organizadores de la fiesta mientras que «con el sector legal no se negoció el cierre», sino que los profesionales se enteraron directamente a través del Diari Oficial de la Generalitat (Dogc), según han destacado.
Por su parte, el secretario general de la Fecasarm y de Spain Nightlife, Joaquim Boadas, ha calificado de falta de respeto el hecho de que se realicen estas fiestas y que, según él, «los organizadores no paguen ninguna consecuencia».
