La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha criticado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas haya prohibido salidas de residentes para recibir atención médica en los municipios que se encuentren en nivel 3 de alerta, lo que «actualmente afecta al 85% de la población de toda la Comunitat Valenciana», según han informado fuentes de la patronal en un comunicado
Así, ha manifestado su oposición a esta medida, recogida en la resolución publicada este jueves para actualizar los protocolos en las residencias por la evolución de la pandemia regula los centros para personas mayores publicada ayer en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana por «ir en contra de los derechos de las personas mayores».
Así, ha señalado que hasta ahora, se podían hacen estas salidas para traslado a hospital, atención sanitaria no demorable o causas imprescindibles a criterio médico profesional, en cualquier fase o nivel de alerta, para garantizar la atención sanitaria a las personas residentes en centros pero «desde ayer ya no se pueden realizar».
Además, ha reprochado que se haya publicado la resolución «sin haber avisado al sector, sin ninguna reunión previa para hacer aportaciones e, incluso, en contra de lo que se había acordado con las entidades que operan en este ámbito en las anteriores regulaciones».
Al respecto, ha señalado que esto ha ocurrido cuando se ha incorporado la obligación de que los centros dejen libres un 10% o un 15% de las plazas para llevar a cabo aislamientos, «en contra de lo que fijaban las dos resoluciones previas de la Conselleria, y que estaba en vigor desde el mes de Mayo».
Aerte ha apuntado que esta reserva va a provocar una mayor dificultad para atender a personas dependientes que necesitan estos centros, ya que «reduce el número de plazas de la Comunitat Valenciana en casi tres mil plazas, cuando ya cuenta con uno de los ratios más bajos de España».
«DESCONOCIMIENTO DE LA REALIDAD»
El presidente de AERTE, José María Toro, ha señalado que después de la interlocución «adecuada» para preparar la normativa específica de Navidad, la Conselleria «vuelve a tomar las decisiones sin escuchar al sector y, lo que es peor, limitando los derechos fundamentales de las personas que residen en residencias». «Esto demuestra muy poca sensibilidad y, de nuevo, un desconocimiento muy importante de la realidad de las residencias», ha afirmado.
No obstante, sí que ha destacado el nuevo régimen de visitas, similar al acordado con la Administración en el periodo navideño, ya que permite un mayor contacto de las personas residentes con sus familiares, «mejorando su calidad de vida».
La resolución también prohíbe los nuevos ingresos en centros que se encuentren en zonas de alerta 3 aunque no tengan brotes abiertos, salvo emergencia social indicada por la VICIPI. Aerte se ha mostrado favorable a que estos centros puedan hacer nuevos ingresos para asegurar estos servicios a las personas que lo necesiten, como se estaba haciendo hasta ahora, con PCR negativa y aislamiento preventivo de diez días, lo que permite mantener un nivel de seguridad adecuado.
Aerte ha mostrado su rechazo a la limitación de ocupación de los centros de día, no dependientes de un centro residencial, al 50 % en nivel 3 de alerta cuando en la actualidad atienden al 100% de los usuarios, siempre que puedan mantener la distancia de seguridad. La propuesta de la patronal, para garantizar la salud de las personas atendidas en estos centros, es que se incorporen al procedimiento de vacunación que actualmente los excluye como ya está ocurriendo en otras comunidades autónomas.
