La Vicepresidencia de Derechos Sociales, que lidera Pablo Iglesias, ha exigido a la empresa Naturgy que «restablezca inmediatamente» el suministro eléctrico en la Cañada Real, dado que tiene en su mano cortar las conexiones ilegales que generan sobrecarga y que se asocian a plantaciones de marihuana.
Así lo han trasladado ese departamento ante la «dejación» de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que sigue «sin pedir grupos electrógenos» al Ministerio de Defensa para poder restablecer el suministro eléctrico a las miles de familias que llevan tres meses sin luz, calefacción y agua caliente.
El jueves, la Vicepresidencia segunda urgió a Ayuso a pedir formalmente el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para desplegar estos equipos y dar suministro eléctrico a los residentes en Cañada Real ante la nevada que asolaba la región.
Y es que con esa negativa de la presidenta autonómica a reclamar esos medios al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Derechos Sociales denuncia la «absoluta falta de humanidad y decencia» de la Comunidad de Madrid, al permitir que unas 4.000 familias continúen sin suministro eléctrico.
Ahora, realiza un llamamiento a la empresa Naturgy, responsable de la electricidad de la zona, que restablezca «inmediatamente» el suministro eléctrico a tenor de la carta enviada ayer a las distintas administraciones, en la que realiza una consulta a las administraciones (Gobierno, Comunidad y ayuntamientos) sobre las opciones para realizar un corte asimétrico y quitar los enganches de luz asociados a actividades ilegales.
A juicio del departamento que dirige Iglesias, en esta misiva Naturgy «reconoce que puede desconectar tramos de su red por motivos de seguridad sin previa autorización administrativa, con lo que tiene en su mano cortar los puntos de conexión ilegal que están provocando la sobrecarga del sistema y son el argumento que esgrime la empresa para dejar sin luz, calefacción y agua caliente a miles de personas».
Y es que para la Vicepresidencia segunda la situación en Cañada Real es «muy preocupante», ya que «la emergencia ha derivado de social a sanitaria, con riesgo para la integridad de las personas, muchas de ellas niños y personas mayores».
La Vicepresidencia segunda, a través de la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, está desde hace varios días en contacto permanente con la Delegación del Gobierno de Madrid, el Ayuntamiento de Rivas y la propia Naturgy. Además, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Alvárez, está también en contacto con el Ministerio del Interior.
A su vez, destaca que la Alcaldía de Rivas Vaciamadrid, además de poner a disposición de varias familias recursos de realojo, ha trabajado con la Delegación del Gobierno para poner a disposición de la empresa eléctrica un dispositivo policial que permita a sus operarios desplazarse hasta la zona y poner en marcha esta operación.
Hoy mismo ha requerido de nuevo a Naturgy, mediante decreto de Alcaldía, que actúe porque «tiene competencia» para ello y se trata de una situación «urgente y humanitaria».
PRESIONARÁN PARA QUE VUELVA LA LUZ A CAÑADA
Concretamente, se refiere a la resolución suscrita por el regidor ripense, Pedro del Cura, para que UFD, la distribuidora de Naturgy, proceda en un plazo máximo de 48 horas a la retirada y desconexión de los enganches ilegales a la red eléctrica de una serie de parcelas del sector IV y V de la Cañada Real, tras el informe de la Policía local que las identifica como zonas de cultivo de marihuana.
Por otro ello, la Vicepresidencia segunda «va a continuar presionando» para que se pueda resolver la emergencia en la Cañada Real. También confía en las gestiones que está realizando también de forma paralela el Ministerio de Transición Ecológica, competente en materia de suministros eléctricos, y «denuncia la absoluta falta de humanidad y decencia que está demostrando la Comunidad de Madrid permitiendo que miles de personas sigan sin electricidad en medio de una nevada histórica en Madrid».
CARTA DE NATURGY
La compañía distribuidora de Naturgy remitió ayer un escrito a la Comunidad de Madrid, al Ministerio de Transición Ecológica, a la Delegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Rivas en la que analiza la situación en la Cañada Real.
Primero, el director de UFD, Raúl Suárez, aportaba una serie de datos para ilustrar el nivel de sobrecarga que se produce en la red, pues cuenta con cuatro clientes dados de alta en los sectores V y VI de la Cañada cuando existen cerca de 1.400 edificaciones en ambas zonas, «muchas de ellas precarias y con instalaciones que suponen un grave riesgo para la seguridad de las personas».
«La realidad demuestra que la mayoría de ellas están conectadas directa e ilegalmente a la red de distribución eléctrica y provocan esas sobrecargas y consiguientes desconexiones automáticas, pues así resulta de los niveles de consumo agregado que se registra en esos dos sectores», prosigue la empresa para alertar también de los problemas de seguridad que entrañan esas conexiones fraudulentas que no tienen certificación técnica ni profesional.
No obstante y sobre la situación de las familias, UFD recalca que algunas de las administraciones abogan por mantener las conexiones de menor consumo, probablemente «ligados» a situaciones familiares, en clara alusión al caso de Rivas.
Sin embargo, la sociedad distribuidora demandó que se confirmara su capacidad de desconectar sin autorización previa judicial o administrativa. Además, pedía que se le proporcionara «auxilio» de las Fuerzas de Seguridad para ejecutarlas y «mantener que no haya reconexiones».
En este punto explicaba que la normativa actual le faculta para hacer desconexiones ante empalmes de luz ilegales cuando se realiza se hacen sin contar con la pertinente autorización administrativa, y en particular cuando son enganches directos o instalaciones peligrosas.
Pero también aludía al actual decreto del Gobierno central que prohíbe la suspensión de cortes de suministros para población vulnerable mientras dure el estado de alarma por el Covid-19.
En consecuencia, elevó consulta a las administraciones ante la previsible presencia de personas en situación de vulnerabilidad en Cañada Real sobre el criterio para poder aplicar una «desconexión asimétrica». En este sentido, para verificar que el consumo responde a una situación familiar o a actividades ilegales.
«Una vez determinados los puntos que sí deben ser desconectados, la experiencia de esta sociedad distribuidora demuestra que es imprescindible el acompañamiento por la fuerza pública, pues en el pasado se ha encontrado fortísima oposición de quienes deben ser desconectados», recoge UFD para confiar en que esa «hoja de ruta» se pueda ejecutarse «de inmediato» de acuerdo a la «voluntad» de algunas administraciones para aplicar esa desconexión selectiva.
