El malestar en el Consejo General del Poder Judicial se deja sentir en cada grieta de la institución. La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha patinado en pleno temporal en su última entrevista y ha conseguido que los pocos jueces que no querían entrar en polémicas relacionadas con la política se metan de pleno para criticar a la socialista. Para la vicepresidenta, los jueces son un «poder político», tal y como lo ha descrito para poco después abalanzarse sobre el hecho de que el CGPJ aún tenga una cúpula en funciones. Una palabras que salen a la luz poco después de que el PSOE haya propuesto una reforma que haría sangrar los ojos a Montesquieu con la que pretenden que se renueve los vocales del Consejo con una mayoría absoluta del Congreso. Los jueces se hartan y a los socialistas no parece importarles demasiado, ni siquiera al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Las palabras de calvo las ha vertido en una entrevista a el diario El País. La vicepresidenta ha hablado de todas las cuestiones clave y ha tenido que responder sobre la polémica renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, lejos de acercar posturas, la socialista ha conseguido aumentar la brecha que separa a los jueces del PSOE, dado que los de Pedro Sánchez buscan a la desesperada quitarse esta piedra del zapato y renovar a cualquier precio, aunque ello conlleve enfrentarse con la Comisión Europea o deje a la altura del betún la separación de poderes.
Por el momento, Calvo ha decidido seguir la estrategia de partido y culpar de la situación al Partido Popular. Un clásico al que no le falta razón, dado que Pablo Casado se ha enrocado y no quiere ceder bajo ningún concepto en la cuestión de la renovación del CGPJ, aunque sí que estuviera dispuesto a ceder hace unos meses que culminaron con un sorprendente giro de 180 grados.
«Otro reto pendiente es la reforma del Poder Judicial en funciones. ¿Recurrirán finalmente a la reforma de PSOE y Unidas Podemos que quedó aparcada a la espera de llegar a un acuerdo con el PP?», le ha preguntado el periodista. Y Calvo ha atacado a Casado. «El PP tiene que respetar al Gobierno, dejar de cuestionarlo y ponerse a hacerle oposición. Si el PP quiere de verdad abandonar el espacio de la ultraderecha, apoyándose en Vox para arrebatarle al PSOE donde ha ganado las elecciones poder institucional, tendrá que estar en algún espacio institucional diferente». Pero como no contestaba, se dio otra vuelta de tuerca.
«¿Y si no se aviene a negociar?», ha insistido el periodista. «Preferimos dejarlo en que pueda ver esa oportunidad para algunas cuestiones que son de arquitectura de nuestro país. La situación de estar en funciones está muy bien regulada en la legalidad española para el Parlamento, las Cortes Generales y para el Ejecutivo. Y no está tan bien regulada para el tercer poder del Estado, que es el judicial. El poder judicial es un poder político del Estado y no lo tiene regulado. Ya ha ocurrido más de una vez y cuando nosotros hemos estado en la oposición se ha desbloqueado. Con el PP no se desbloquea. Lo que no podemos decir a la ciudadanía es que esto ocurre y no hacemos nada», ha asegurado Calvo.
El malestar de los jueces es obvio. No entienden ese sentido de propiedad del que presumen los socialistas y esa falta de respeto a la separación de poderes que exhiben con reformas que pretenden que la misma mayoría que sea capaz de elegir al poder Ejecutivo pueda hacerlo con el Judicial, por no decir que es esa misma la que dominaría el Congreso y también controlaría el legislativo. Quien gane las elecciones y sea capaz de orquestar una mayoría absoluta, lo tiene todo. Al menos, de momento, para renovar el Consejo se necesitan tres quintos del Congreso y del Senado, lo que obliga por norma general al partido gobernante a ponerse de acuerdo con el líder de la oposición para elegir a los vocales que a su ves nombran al nuevo presidente del Tribunal Supremo.
Fuentes de Ferraz aseguran que la intención de Sánchez no es llevar adelante esta medida, sino que se trata de un arma de negociación (agresiva, por supuesto) que busca presionar a Casado para que ceda y llegue a un acuerdo de renovación del Consejo. Algunos socialistas consultados van más allá y aseguran directamente que Sánchez nunca llevará ese proyecto adelante, aunque hay otros que tienen sus dudas y no se mojan en este aspecto.
En cualquier caso, el PSOE ha sido capaz de ponerse en contra a todos y cada uno de los jueces dada su ambición de permanecer en el poder y el trato que les están dando aún a día de hoy. Que se considere el poder judicial como algo político no solo atenta contra su presumida independencia, sino que hace entender que el CGPJ pertenece al partido que gobierne, razón de más por la que los magistrados entienden que no se debería aplicar bajo ningún concepto la reforma que ha presentado con timidez el PSOE.
CAMPO, EL RENEGADO
Si hay alguien que está pagando las consecuencias del ego de Pedro Sánchez ese es el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Su relación con las altas instituciones del CGPJ eran notables, razón por la que el líder socialista decidió ponerlo al frente del Ministerio de Justicia una vez apartó a la ahora Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. Sin embargo, un año después el ministro no solo ha conseguido perder el respeto por algunos de los jueces, sino que también se ha convertido en el ministro peor valorado, empatando a puntos (3,3, según las últimas encuestas publicadas) con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el de Universidades.
Esto no solo le pone en la rampa de salida, sino que garantiza que la estrategia de Sánchez va miel sobre hojuelas, pues quien se está llevando todo el desgaste de este frenazo en la renovación del CGPJ es el ministro y no el líder socialista.
Por el momento, el eclipse de la vacunación más que fallida y la tercera ola no dejan ver la situación del CGPJ, por lo que fuentes consultadas por MONCLOA.com apuestan a que no se llevará a cabo este proceso hasta bien entrada la primavera, como pronto. Entre tanto, Calvo no tiene ningún problema en cumplir la disciplina de partido impuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lanzar todos los dardos que sean necesarios a los jueces, aunque esto levante la ira de los magistrados y enfrente más a los socialistas con este poder del Estado. El respeto se ha perdido, sí, pero mientras el presidente consiga su permanencia en La Moncloa, el esfuerzo habrá merecido la pena.
