La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, comparecerá el próximo 20 de enero ante la Comisión Mixta para la UE para explicar el reciente principio de acuerdo alcanzado con Reino Unido sobre Gibraltar, que en último término prevé la inclusión del Peñón en el espacio Schengen.
La comparecencia de la ministra de Exteriores se produce a petición propia, como ya había expuesto esta que haría al anunciar el pasado 31 de diciembre el principio de acuerdo con Londres, el cual sentará las bases para un futuro tratado entre Reino Unido y la UE sobre el Peñón. La sesión extraordinaria está prevista para las 10.30 horas y en ella González Laya también informará sobre el Brexit.
La jefa de la diplomacia no quiso entrar en los detalles de lo pactado cuando anunció el preacuerdo, defendiendo que prefería informar «con luz y taquígrafos» a los grupos parlamentarios en una comparecencia en el Congreso.
No obstante, la filtración en la prensa del documento, y el malestar mostrado desde PP y Ciudadanos al respecto, llevó a la ministra este lunes a mantener una videoconferencia con los portavoces parlamentarios, en la que se comprometió a dar todas las aclaraciones y detalles en sede parlamentaria lo antes posible.
El preacuerdo alcanzado prevé que Gibraltar entre a formar parte del espacio Schengen una vez cerrado el tratado entre Reino Unido y la UE, lo que conllevaría la supresión de la actual Verja. Según el documento remitido por la Comisión Europea al resto de capitales para informar de lo pactado, ya en el artículo 1 se recalca que el preacuerdo «no prejuzga la cuestión de la soberanía y la jurisdicción».
El texto ratifica que el objetivo final es suprimir «todas las barreras físicas» al movimiento de personas entre el Peñón y el espacio Schengen, cuyos controles y disposiciones España deberá garantizar ante el resto de miembros. En el puerto y el aeropuerto, «habrá puntos de entrada Schengen», donde habrá que cumplir con el control gibraltareño y con el previsto por este espacio sin fronteras.
En el apartado aduanero, se prevé que el futuro tratado incluya una solución a la medida, «basada en una adaptación de la unión aduanera entre la UE y Gibraltar» y que permitirá suprimir el control actual en La Línea. Para ello, se aclara, habrá que aplicar una serie de «salvaguardas para evitar distorsiones en el mercado interior, en particular en la economía» del Campo de Gibraltar.
Esto pasaría, según el documento, por aplicar «de forma sustancial las mismas obligaciones y medidas de política comercial que la UE». Además, en caso de incumplimiento de las salvaguardas o de no aplicarse de forma adecuada están previstas «consecuencias» como la reintroducción de los controles aduaneros.
España y Reino Unido reconocen en el preacuerdo que será necesario abordar cuestiones como el IVA sobre bienes e impuestos especiales para «productos sensibles», entre los que se cita el tabaco, el alcohol y el combustible y «medidas que garanticen la igualdad de condiciones». Para ello, se prevén «acuerdos administrativos entre las autoridades españolas y de Gibraltar».
Por otra parte, se apunta a que el futuro acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre el Peñón podría incluir «disposiciones sobre un mecanismo financiero de cohesión entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar en cuestiones sobre capacitación y empleo», al cual la UE podría contribuir con fondos.
En lo relativo a cómo se llevarán a cabo los controles en el puerto y el aeropuerto, el documento aclara que las autoridades gibraltareñas serán las primeras en autorizar o denegar la entrada, tras lo cual serán las españolas las que permitan o no la entrada al espacio Schengen. Según se precisa, en el caso del aeropuerto se creará una instalación en la que «oficiales españoles y gibraltareños compartirán espacio».
Además, durante el periodo inicial de implementación, previsto por cuatro años, España contará con «asistencia operacional de Frontex para tareas relacionadas con los controles Schengen y la protección de las fronteras exteriores», estableciéndose una misión conjunta. Al termino de este periodo, el acuerdo podría ser anulado si alguna de las partes así lo desea y previa consulta.