El procurador de Vox en las Cortes, Jesús García-Conde, y los Diputados de Vox en Castilla y León Pablo Sáez, Víctor González, Georgina Trías, Pedro Requejo, Rodrigo Jiménez y Ricardo Chamorro, han manifestado su oposición a las nuevas medidas adoptadas por la Junta.
Medidas que incluyen el adelanto del toque de queda a las 20 horas, la limitación de reuniones a cuatro personas o el cierre del perímetro provincial o la limitación de aforo a 25 personas en lugares de culto, y que, a juicio de los representantes de Vox en la Comunidad, «aparte de ser totalmente desproporcionadas, vulneran una vez más la libertad y derechos fundamentales de los ciudadanos en la región».
En este sentido, Vox considera que el toque de queda «entra en conflicto legal con el que establece el Gobierno de Sánchez e Iglesias en su ilegal Estado de Alarma» y critica que el Gobierno central delegue en las CCAA la posibilidad de gestionar esta pandemia mientras, «paralelamente, condiciona a las mismas en la toma de decisiones».
Igualmente, apunta que «las autonomías han demostrado ser incapaces a la hora de gestionar la pandemia, ya que España es el país con peores resultados en el mundo occidental al sufrir la mayor caída del PIB y de muertos por 100.000 habitantes. Una gestión negligente de la que también es responsable el caótico sistema autonómico».
Asimismo, Vox reprocha que la Junta delegue la responsabilidad de hacer cumplir estas medidas de «dudosa legalidad» a Policía y Guardia Civil. «Una vez mas, Francisco Igea y Alfonso Fernández Mañueco se arrogan autoridad en cuerpos de la administración que no poseen», apunta la formación.
De igual forma, Vox denuncia que la aplicación de estas medidas va suponer «un agravamiento de las consecuencias que ya vienen sufriendo los sectores más castigados desde el inicio de la pandemia: hostelería, centros deportivos, agencias de viajes…», así como una «debacle para la ya maltrecha economía de la región con unos trabajadores, empresarios y autónomos que continúan siendo víctimas de los desentendimientos entre administraciones esperando soluciones que no llegan ni desde el Gobierno Central ni desde el Autonómico. «Castilla y León debe protegerse pero no puede detenerse», cuncluye el comunicado.
