Amnistía Internacional ha exigido este martes en el Senado un sistema de acogida a extranjeros en España que cumpla, tanto cono las obligaciones que el país tiene con la UE, como «con los estándares internacionales» de derechos humanos.
La responsable de Investigación en Derechos Humanos y áreas de Justicia e Interior de la organización, Virginia Álvarez, ha denunciado ante la ponencia de estudio del fenómeno migratorio de la Cámara alta que el sistema de acogida actual «depende de una ley de 2009» que «no se ha desarrollado reglamentariamente».
A su juicio, el Ejecutivo debe apostar por un sistema flexible que se adapte a las necesidades de las personas solicitantes de protección internacional que están llegando al país.
En cuanto al asilo, para Amnistía Internacional debe tener una organización «justa y eficaz» y «garantizar las necesidades específicas de solicitantes, menores, víctimas de trata; reasentamiento y otras vías legales y seguras complementarias», además de «acceso a procedimientos individualizados con garantías y asilo en embajadas».
SITUACIÓN EN CANARIAS
La organización se ha referido a la situación vivida en Canarias en los últimos meses de 2020 y que, según ha indicado Álvarez «no es nueva», sino una muestra de «cómo el cierre de unas fronteras terminan incrementando la tensión en otras».
A su juicio, las autoridades deberían haber puesto en marcha un «mecanismo de emergencia» ante el aumento de llegadas para atender a los migrantes «de forma adecuada desde el primer momento» y no mantener a estas personas en «condiciones infrahumanas» como ocurrió en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria).
La responsable en materia de derechos humanos de Amnistía Internacional ha señalado, además, que «lo importante» en estas situaciones no es «establecer lugares para albergar a estas personas», sino que «se garanticen sus derechos», incluido el de la información sobre su situación administrativa y sobre los procedimientos de protección a los que pueden acceder, especialmente, ha indicado Álvarez, a aquellos de colectivos más vulnerables, como menores no acompañados o víctimas de trata.
PACTO EN LA UE
Álvarez ha explicado que durante su intervención también se ha referido al Pacto de Migración y Refugio que se negocia en Bruselas y que, según ha indicado, les «preocupa». En concreto, temen que este acuerdo se convierta en un paquete de medidas por el que se intente, «una vez más», externalizar la gestión migratoria o «poner una presión mayor en los países de llegada».
La organización lamenta que este documento termine «sin que haya mecanismos de solidaridad entre los distintos estados miembros de la UE», ha explicado la compareciente.
A su juicio, Bruselas «debe establecer un mecanismo de rendición de cuentas, vías legales y seguras para la migración y la no demonización ni criminalización de las organizaciones solidarias que prestan asistencia a estas personas. Del mismo modo, insiste en la necesidad de que la UE sea solidaria y acoja a personas vulnerables como menores no acompañados o personas LGTBI.
