Amnistía Internacional ha denunciado cuatro «errores» cometidos durante la gestión de la pandemia en las residencias de mayores como la no derivación hospitalaria, la falta de información sobre inspecciones y la cancelación de visitas, y propone que se desarrolle una ley «para evitar que se sigan violando los derechos humanos de las personas mayores».
En primer lugar, la organización señala que los ancianos no pueden ser «condenados al ostracismo y a la soledad» y subraya que las autoridades deben velar por que estos derechos se respetan y no se vulneran, «algo que no hicieron durante la primera ola de Covid-19, al menos en las comunidades de Madrid y Cataluña».
A este respecto, señala que en Madrid y Cataluña, «familiares y asociaciones se muestran muy críticas y afirman que los regímenes de visitas siguen siendo algo muy deficitario y muchas residencias continúan actuando con total discrecionalidad» llegado a establecer en algunos casos «visitas de media hora» o cancelándolas.
La Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas deben supervisar e inspeccionar de forma habitual las residencias, con el objetivo de establecer una adecuada rendición de cuentas ante posibles abusos.
Otro de los errores que apunta Amnistía Internacional es que «no existe suficiente información pública actualizada» sobre el número de inspecciones realizadas por los gobiernos autonómicos. Además, señala que los últimos datos publicados por la Fiscalía General del Estado son de julio de 2020.
En este sentido, y tras la toma de posesión de la nueva fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, Amnistía Internacional insta a la Fiscalía a supervisar la realización de inspecciones pues, según la organización, «actualmente y desde hace meses, las fiscalías no realizan visitas presenciales a los centros residenciales».
El tercer error que debe subsanarse, a juicio de la ONG, es la no derivación de personas mayores a centros hospitalarios, algo que «no debería repetirse en esta tercera ola» y subraya que las autoridades deben garantizar las evaluaciones clínicas individualizadas así como la derivación hospitalaria cuando así lo decida el criterio médico.
La organización mantiene una interlocución directa con las autoridades de Madrid y Cataluña que, según puntualiza la ONG, «han asegurado que no están aplicando criterios discriminatorios en las derivaciones a hospitales de las personas mayores».
La organización ha solicitado a ambas comunidades que se establezca «de forma expresa y clara que las instrucciones y criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios no pueden contener elementos discriminatorios en el acceso a la atención sanitaria».
En cuarto lugar, Amnistía Internacional pide que la aplicación de vacunas a personas en residencias se realice «de forma urgente, prioritaria y efectiva» y no se convierta «en un mero efecto publicitario que condene a las personas mayores a sentirse otra vez como personas de segunda categoría».
En este sentido, la ONG asegura que desde la Consejería de Sanidad de Madrid les han confirmado que está previsto que el 25 de enero se haya aplicado la primera ronda de vacunas en todas las residencias; y que desde el Departamento de Salud de Cataluña les han trasladado que actualmente se ha suministrado la primera dosis a un 75% de personas residentes y 55% de personal de residencias, y que en los próximos 10 a 15 días se habría alcanzado ya el 100% de residencias.
Frente a esta situación, Amnistía Internacional considera necesario que el Gobierno central impulse la tramitación de una ley a nivel estatal, con perspectiva de derechos humanos y de género, en línea con los estándares internacionales, que establezca «un modelo residencial que garantice los derechos humanos de las personas residentes en todo el Estado.
