La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) muestra su indignación ante la falta de apoyo a sus unidades en Gran Canaria, la isla más afectada por la ola migratoria, que experimenta incidentes violentos y robos a medida que los inmigrantes conflictivos son expulsados de los hoteles y acaban vagando por la calle sin techo ni alimento. Su secretario provincial para Las Palmas, Juan Couce, comparte con MONCLOA.com algunas claves sobre los temores de la guardia civil ante esta situación que se prolonga en Canarias.
Lo que venían siendo «hechos aislados a finales de 2020» en Canarias, este enero se han convertido en incidentes «frecuentes» y con un aumento «exponencial», desvelándose así una nueva capa de la crisis que supone la ola migratoria. Así lo explica Juan Couce, que insiste en que los migrantes conflictivos, tras ser expulsados de los hoteles por aparecer borrachos o por alterar el orden, quedan sin techo y vagando por las calles de la isla. Dado que estas personas van a necesitar, obviamente, alimentos, los ingredientes para un conflicto están sobre la mesa.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha detallado a Moncloa.com que en las últimas semanas ha habido robos en un restaurante y un pub. Los migrantes conflictivos, que según Bueno y el secretario de Couce son en su mayoría menores, «increpan a los viandantes» en la zona turística, y muestran una total indiferencia hacia los policías. «No están acostumbrados» a respetar a una figura de autoridad como un guardia civil, indica Couce, señalando lo difícil que puede resultar el trato con ellos.
Además, Couce asegura que, pese a ser menores, «no son niños», ya que la mayoría de casos conflictivos son jóvenes de alrededor de 17 años, que rozan la mayoría de edad, sin sumar aquellos que en realidad son mayores, aunque legalmente se registran como menores. A muchos no les han hecho la prueba de la muñeca, por lo que no se conoce su edad real.
CANARIAS PIDE REFUERZOS
En este contexto, el secretario de la AUGC lamenta que en Gran Canaria haya aún unas 50 vacantes de guardia civil sin cubrir, pese a las condiciones excepcionales de estos momentos. Couce explica: «No estamos preparados» para hacer frente a masas de personas, como ocurre con estos grupos de migrantes. Según la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, los altercados dentro de los hoteles y complejos de apartamentos suceden a diario y requieren una intervención de la autoridad inmediata.
Por ello, los de Canarias solicitan apoyo de más antidisturbios y Grupos de Reserva de Seguridad; unidades entrenadas y capacitadas especialmente para el manejo de grupos grandes de personas. Couce defiende, de hecho, que el cuartel de GRS en Canarias, ubicado en la isla de Tenerife, debería trasladarse al sur de Gran Canaria, donde están ocurriendo la inmensa mayoría de incidentes.
Con todo ello, el principal temor de los guardias civiles de los municipios de Gran Canaria es que haya que lamentar heridos o algún fallecimiento. La escena que ocurrió el pasado día 11 en un complejo turístico, cuando un grupo de hasta 150 migrantes lanzó piedras, sombrillas y todo tipo de objetos a los policías, es prueba de ello. La asociación no quiere esperar a que alguno de los agentes sufra daños graves, y por ello exigen tratar la situación con la gravedad que merece. «Fue suerte», asegura Couce, que ningún guardia civil saliera herido ese día.
CRÍTICAS POR EL REPARTO DESIGUAL DE EFECTIVOS
La alcaldesa de Mogán, uno de los municipios más afectados por la crisis migratoria, y donde se encuentra el puerto de Arguineguín, cuenta a MONCLOA.com que le sorprende ver cómo el Gobierno ha enviado un refuerzo de 40 efectivos al municipio colindante de San Bartolomé de Tirajana, cuya alcaldesa es la socialista Conchi Narváez, mientras que a Mogán solo han llegado 21 agentes.
Se hace eco así de las propias críticas de la AUGC, que denuncia que el reparto desigual de guardias civiles afecta a los agentes de Mogán, donde más se necesitan. Queda de manifiesto este desequilibrio entre Mogán, que cuenta con 55 agentes de la Guardia Civil del Puesto de Puerto Rico, y San Bartolomé de Tirajana, este último con 300 agentes de la autoridad a los que ahora se suman otros 40 de la Policía Nacional.
Igualmente, Juan Couce recuerda que trasladar efectivos de un punto a otro de la isla no resuelve el problema, ya que supone estar dejando en todo momento coja una parte. En este sentido, reclaman cubrir las 50 vacantes que aun hay en la zona.
La alcaldesa manifiesta: “Reducir el número de agentes en otros puntos de Gran Canaria para destinarlos a Mogán no sería eficaz para mantener la seguridad en el municipio ni en la isla. Es como desnudar a un santo para vestir a otro”, ha asegurado, consciente además de que hay plazas vacantes y sin cubrir en los puestos de la Guardia Civil de Vecindario, Agüimes y Puerto Rico. Activar agentes de otros municipios no es eficiente, según apunta la alcaldesa, si esto supone dejar sin protección esos territorios.
