El abogado Felipe Izquierdo, personado como perjudicado en la pieza 9 del caso ‘Tándem’ por haber sido presuntamente espiado por orden del expresidente del BBVA Francisco González y por el actual jefe de auditoria interna de la entidad Joaquín Gortari, ha solicitado al juez instructor que imponga una fianza a ambos y al banco, de manera conjunta y solidaria, de más de dos millones de euros para que aseguren las responsabilidades pecunarias que puedan derivarse de los hechos presuntamente delictivos.
En el escrito de este abogado, solicita además que se tome declaración en calidad de investigado a Gortari. Y apunta que a la luz del sumario «se evidencia de manera clara, rotunda e irrefutable la perpetración por parte de los querellados denunciados por esta representación, de los delitos objeto de la querella presentada».
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, acordó en septiembre de 2020 admitir su personación como perjudicado en el marco de esta pieza 9 de la macrocausa ‘Tándem’ en la que se investigan los encargos del BBVA al comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo. Admitía además la querella que presentó Izquierdo y que se dirigía contra González, Gortari y el BBVA.
Izquierdo alegaba entonces, y sostiene aún hoy, que la entidad bancaria dio órdenes de espiarle con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales por orden de González y Gortari.
UNA CANTIDAD «MODERADA»
Sobre el cálculo para fijar la fianza en 2 millones de euros, Izquierdo indica en su escrito que el importe es de 1.512.000 euros, esto es 1.008.000 euros más 504.000 en concepto de IRPF. Señala que el cálculo vien de tomar como base la cuota mensual de 2.000 euros y multiplicarla por los 42 años de ejercicio profesional. A esos 1,5 millones le suma el 33 por ciento (498.960€) en previsión del artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), por lo que el total es de 2.010.960 euros.
Al respecto, apunta en su escrito que esa cantidad «debe considerarse como muy moderada y proporcionada» ponderando por una parte las elevadas y millonarias remuneraciones anuales de los querellados y de otra parte, que la reparación del daño ya no es posible, pues la desacreditación del querellante, su revelación y su difusión ya se ha consumado.
«Ese gratuito, repudiable y execrable destrozo de la persona, no se va a reparar jamás. Son cuarenta y dos años de intachable ejercicio de la profesión (alta el 19 de abril 1977), sin mácula alguna, destruidos por personas sin escrúpulos, vulnerando la intimidad, revelando datos de todo tipo de carácter personal, amparándose en su dinero y sus cargos de poder, que tan deshonradamente han ejercido», incide.
