jueves, 12 diciembre 2024

El Congreso aprueba la ley que refuerza la protección y asistencia de víctimas de violencia machista

La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles la ley que refuerza la protección y asistencia de las víctimas de violencia de género, cuyo texto procede del decreto ley impulsado por el Ministerio de Igualdad sobre esta materia como consecuencia de la Covid19.

El texto ha contado con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos y PNV, la abstención de ERC y Eh Bildu y el voto en contra de Vox.

Fue en abril cuando la Cámara baja convalidó esta iniciativa de Irene Montero. Los grupos parlamentarios presentes, excepto PSOE y Unidas Podemos, votaron también entonces a favor de que el texto se tramitara como proposición de ley y, así poder realizar modificaciones en el mismo.

Esa tramitación ha culminado este miércoles su primera fase, con la aprobación de la norma, que ahora pasará al Senado para continuar con el proceso.

Entre sus principales aportaciones, se encuentra la declaración de esenciales de todos los servicios de atención y protección a las víctimas de esta lacra, con el objetivo de que estas pudieran seguir beneficiándose de ellos durante el estado de alarma.

ACUERDOS DE MEJORA

Además, se reforzaron los sistemas de atención telefónica a víctimas de esta violencia, ya que la presencial no era posible. Además, se crearon canales a través de WhatsApp para adaptarse a la nueva situación. Durante la tramitación en el Congreso, se ha incluido en la norma que este servicio de Whatsapp permanezca tras terminar el estado de alarma en el que se encuentra el país.

Por otra parte, una transaccional firmada por PSOE, Unidas Podemos, ERC y Eh Bildu permitirá garantizar la protección de víctimas y el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas contra hombres denunciados o condenados por delitos relacionados con esta lacra.

Socialistas y morados también han llegado a una transaccional con PP y Ciudadanos por la que se garantiza la provisión de los servicios que se incluyen en el texto «mientras duren las medidas derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19» y que impliquen «alteraciones de la normalidad» y también «especial vulnerabilidad» de las víctimas.

Junto a los ‘populares’, PSOE y Unidas Podemos han acordado también inclior la prestación de seguimiento especial, por parte de las administraciones, a los hijos de las víctimas mientras se prolongue la situación de emergencia; y un refuerzo para la recuperación sociolaboral de las muejeres que sufren esta violencia, especialmente las que ahora están en ERTE.

MUJERES DOBLEMENTE DISCRIMINADAS

Los dos partidos que sustentan el Gobierno han negociado también con PP, Ciudadanos y ERC la recogida de garantías para que las mujeres que sufren discriminación interseccional también reciban los servicios necesarios. Estas son mujeres con discapacidad, que viven en el rural, de etnia gitana o de otros grupos especialmente vulnerables.

También se ha acordado incluir el refuerzo y adaptación de estos servicios a mujeres que sufran doble o triple victimización, es decir, mujeres con alguna discapacidad, que vivan en el rural, que sean de etnia gitana o que pertenezcan a otros grupos sociales más vulnerables.

Los dos partidos que sustentan el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han agradecido el trabajo realizado durante la negociación de esta ley. La portavoz socialista en este debate, Lidia Guinart, ha celebrado la aprobación de una iniciativa que, como ha explicado, nació «en la primera ola de la pandemia» y con el objetivo de ser «una mano tendida hacia las miles de mujeres» que en ese momento sufrían confinamiento con su agresor.

La representante morada, Sofía Castañón, por su parte, ha valorado dos aspectos de lo que ha sido este tiempo de tramitación: por un lado ha destacado que estas medidas que fueron creadas en una situación excepcional se adopten ahora «de forma permanente»; y por otro el «clima de colaboración» vivido estos meses para sacar el texto adelante.

EL «ESPÍRITU» DEL PACTO DE ESTADO

De este mismo clima ha hablado la portavoz de Igualdad del PP, Margarita Prohéns, que lo ha calificado como el «espíritu del Pacto de Estado» aprobado en 2017. La ‘popular’ ha llamado a PSOE y Podemos a continuar en esta línea, trabajando en «lo importante», y dejar los debates que manienen entre ellos sobre «quién presenta qué iniciativa» que, a su juicio, «desvían el foco».

Sí ha lamentado que no se hayan incluido algunas de sus propuestas sobre accesibilidad en los servicios, o una reforma para destinar fondos del Pacto de Estado para ayuntamientos que han tenido que invertir en mejoras como consecuencia de la pandemia.

También la portavoz de ERC en este debate, Pilar Vallugera, ha lamentado no haber llegado a un pacto en lo económico para realizar el traspaso a las entidades locales. Del mismo modo, ha criticado que no se haya aprovechado esta tramitación para dar el paso e introducir el cambio de denominación de violencia de género a violencia, con el objetivo de que su contenido repercuta en «todas las violencias» que sufren las mujeres.

Por otra parte, la representante de Ciudadanos, Sara Giménez, ha celebrado esta aprobación y ha recordado que su partido estará en contra de quienes «quieren dar pasos hacia atrás» en la lucha contra la violencia de género. Su homólogo de PNV, Joseba Agirretxea, se ha referido en su intervención a quienes son «de otro mundo» y niegan la existencia de esta lacra, para señalar el apoyo de los nacionalistas vascos a cualquier medida que mejora la situación de estas mujeres y acabe con la violencia de género.

Ambos se refieren a Vox, el único partido que ha votado en contra. Su portavoz en la comisión, Carla Toscano, ha defendido esta postura señalando que esta ley «atenta de forma flagrante contra el principio constitucional de la igualdad ante la ley» y busca «blindar» económicamente los «chiringuitos» del Gobierno en esta materia. La diputada ha indicado que Vox considera que todas las personas, independientemente de su sexo, son susceptibles de proteccion de sufrir violencia intrafamiliar y, por tanto, todos necesitarían protección y no sólo las mujeres.