La Policía Nacional detenido en Burgos a cuatro personas de entre 25 y 71 años por un delito de tráfico de mujeres para su explotación sexual, según ha señalado este miércoles el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo.
A los detenidos, tres hombres y una mujer, se les acusa de los delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, relativos a la prostitución, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Javier Izquierdo ha concretado que se trata de un tipo delictivo en el que las mujeres se ven especialmente afectadas. «La trata no es neutral en términos de género, ya que el 80 por ciento de las víctimas son mujeres», ha puntualizado.
Izquierdo, acompañado del subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, y representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ha explicado que estas detenciones se han producido en el marco de la operación ‘Vota’, cuya investigación comenzó a mediados de 2019 por parte de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Burgos.
Entonces, se detectó en la provincia un flujo creciente de mujeres procedentes de Colombia, que ejercían la prostitución en el club ‘Deseos’ de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.
Tras obtener la pertinente orden de la autoridad judicial, los agentes llevaron a cabo hasta seis entradas y registros en tres domicilios, tres ubicados en la capital burgalesa y dos en Miranda de Ebro, y en el club donde las mujeres trabajaban.
También se ha intervenido diversa cantidad de dinero en metálico, documentación y material informático, a la vez que se ha acreditado que la red había traficado con al menos doce mujeres de nacionalidad colombiana.
La investigación ha permitido averiguar que la organización criminal pagaba los gastos del viaje de las mujeres hasta España, generándoles una importante deuda económica, a la que posteriormente se sumaban otros recargos.
Los miembros de la banda obligaban entonces a las mujeres a ejercer la prostitución para saldar dichas cantidades, a la vez que las amenazaban con represalias a ellas y sus familias.
Los investigadores han determinado, además, que como consecuencia de la declaración del Estado de alarma y la situación de pandemia, la organización «recolocó» a las mujeres en diferentes pisos de Burgos y Miranda de Ebro, donde ejercían la prostitución bajo una constante vigilancia.
