La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha defendido la vuelta a la enseñanza presencial de los alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP, mientras que los diputados de Unidas por Extremadura y el Grupo Popular Joaquín Macías y Pilar Pérez, respectivamente, han criticado esta decisión y ha acusado al Ejecutivo regional de no escuchar a la comunidad educativa.
Este intercambio de opiniones se ha producido en el pleno de la Asamblea de este jueves en el turno de preguntas orales de los grupos a los miembros del Consejo de Gobierno, en el que Esther Gutiérrez ha defendido que el «objetivo constante» de la Junta es garantizar la enseñanza presencial.
Así, a la pregunta de Unidas por Extremadura sobre la valoración que hace la Junta de la vuelta a la presencialidad de los alumnos y alumnas de educación secundaria, Bachillerato y FP tras las vacaciones de Navidad, Gutiérrez ha sostenido que la valoración es «positiva».
De esta forma, como ha aseverado, la presencialidad es la única forma de garantizar la educación equitativa a una generación que tiene un «derecho» y una «necesidad», por lo que siempre que la situación sanitaria lo permita se va a intentar garantizar dicha educación presencial, ha dicho.
Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha remarcado que su grupo comparte la preferencia de la educación presencial, aunque ha incidido en que, después de las vacaciones de Navidad, pidió el retraso, al menos una semana, del inicio del curso por la alta incidencia en esas edades.
En ese periodo, la incidencia acumulada se multiplicó y, aunque se volvió a solicitar que se siguiera con la enseñanza online, la Junta no aceptó esta petición que era compartida por toda la comunidad educativa de la región, ha recordado.
De este modo, Macías ha instado a la Junta a rectificar porque, en estos momentos, existe en la región una comunidad educativa «dividida», con padres «confusos» y algunos alumnos a los se les «está amenazando por ir a la huelga».
Así, también ha pedido a la Consejería de Educación que trabaje para hacer que la comunidad educativa asuma y entienda las razones de la Junta para volver a la enseñanza presencial.
En el turno de réplica, la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, ha aseverado que el Ejecutivo regional, en su decisión de volver a la presencialidad después de las vacaciones de Navidad, esperó un periodo de incubación completo.
En esta línea, ha reiterado que los centros educativos son espacios seguros, como se ha demostrado en el primer trimestre, y los alumnos tienen derecho a la educación, además de valorar el esfuerzo realizado por la comunidad educativa para combatir la pandemia.
Así, ha acusado a Unidas por Extremadura de «rebasar el límite de un modo intolerable», al «promocionar» una huelga de estudiantes y, en alusión a la presidenta del grupo, Irene de Miguel, ha dicho que ha sido una «irresponsable alentando el miedo e incitando a una desobediencia civil».
«Los alumnos han demostrado ser más responsables que ustedes. Ha habido una incidencia de un 3 por ciento de la huelga y la única garantía de superar esta situación es permanecer unidos, cosa en la que ustedes no han mostrado el mínimo interés», ha reafirmado, al tiempo que ha recalcado que el Ejecutivo regional sigue las directrices de las autoridades sanitarias.
PREGUNTA DEL PP
En el turno del Grupo Parlamentario Popular, la diputada Pilar Pérez se ha interesado por los datos científicos y epidemiológicos que han avalado la vuelta a las clases presenciales en ESO, Bachillerato y FP.
Así, la ‘popular’ ha incidido en que cuando se decidió la vuelta a la enseñanza presencial Extremadura tenía una incidencia acumulada y una presión hospitalaria que doblaban los datos de cuando se estableció una periodo de enseñanza telemática a la vuelta de las vacaciones de Navidad.
Ante esta pregunta, la consejera de Educación ha informado de que entre los indicadores para la vuelta a las aulas se analizó la incidencia a los siete, a los 14 y a los 28 días por grupo de edad, además del histórico de esa incidencia en periodo escolar y también vacacional.
Asimismo, se tomaron medidas como superar un posible periodo de incubación del sector de la población de entre 15 y 30 años tras las vacaciones navideñas, además de la aplicación del principio de vigilancia activa y la experiencia del retorno a las aulas del resto de enseñanzas donde solo un 2,7 por ciento de las aulas se habían detectado casos positivos.
En su intervención, la diputada del PP Pilar Pérez ha acusado a la Junta de intentar generar una «falsa sensación se seguridad» en la comunidad educativa para «encubrir la irresponsabilidad» cometida.
Además, también ha criticado que se hayan tomado decisiones «arbitrarias» y que además se contradicen con otras medidas adoptadas, ya que mientras se prorrogaban los cierres perimetrales de los municipios extremeños se obliga a la movilidad de alumnos en autobuses escolares donde comparten un espacio cerrado alumnos de localidades diferentes.
También, Pérez ha considerado que la Junta ha intentado «acallar la voz de la comunidad educativa con tácticas mafiosas», al mandar «mensajes amenazantes a los docentes», «intimidatorios a los padres» y ha intentado reprimir la huelga de los estudiantes con «unas tácticas dictatoriales».
En su turno de réplica, la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, ha recalcado que el objetivo de la consejería es preservar el derecho a la presencialidad, que se hará siempre que la situación sanitaria lo permita, ha insistido.
El cometido de la Junta es, por tanto, organizar el sistema educativo para que los alumnos estén en las aulas con las «mayores garantías posibles» y se organiza en función de las directrices de Sanidad, ha apuntado la consejera.
Así, ha invitado a Pilar Pérez a sumarse al apoyo de la enseñanza presencial, porque lo contrario sería «condenar» a una generación en un día en el que se ha conocido que la región tiene la tasa de abandono escolar más baja de la historia.
