El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que el intento del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, de imputarle «no tenía ningún fundamento jurídico» y se ha preguntado quién va «a reparar el daño provocado» tras seis meses de «portadas y tertulias diciendo barbaridades», con acusaciones de «delitos terribles».
En este sentido, ha solicitado al magistrado a que llame «de una vez» a declarar a la exasesora de Podemos Dina Bousselham, tal y como pidieron desde el principio, reprochando a García Castellón que no accediera dado que así se podría haber cerrado el caso.
«Es evidente lo que ha pasado, nosotros solicitamos ‘llame a declarar a la víctima para que diga’. Y el juez dijo ‘no, no; porque si la llamo a declarar a lo mejor se me cierra el caso y no podemos seguir hablando de Pablo Iglesias y Podemos'», ha lamentado en declaraciones a TV3.
Así se ha pronunciado ante la decisión del Tribunal Supremo de no aceptar la petición del magistrado de investigarle y devolverle las actuaciones sobre el denominado caso ‘Dina’, para que realice nuevas diligencias y decida si procede remitir una nueva exposición razonada contra el también líder de Podemos dada su condición de aforado.
El juez consideró, indiciaria y provisionalmente, que Iglesias había cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos; otro de daños informáticos; y otro de acusación y denuncia falsa, en relación con el robo del móvil de Bousselham, en noviembre de 2015 y hechos posteriores relacionados con el mismo. Por tanto, ahora el Supremo pide que se cite a la exasesora al respecto.
NO HAY ‘CASO DINA’
Para Iglesias, la resolución del Supremo revela que no hay caso Dina sino únicamente el denominado ‘caso Villarejo’ y ha calificado de «impresionante» la capacidad de determinados «poderes mediáticos» para convertir un caso de espionaje contra él y su formación a un intento de imputación en su contra.
El vicepresidente segundo también se ha quejado que la petición de imputación ocupó lugares destacados en las portadas de los medios y que el rechazo a investigarle tiene menos relevancia.
Además, ha asegurado que existe una forma de hacer políticas, basada en presentar querellas contra Podemos que son archivadas, que no van a «ninguna parte en términos jurídicos» pero que tiene un efecto de «montar un escándalo mediático».
Todo ello para dar la impresión de que la «víctima aparece involucrada en asuntos extraños» mientras un policía, en alusión al excomisario José Manuel Villarejo, «a sueldo del Estado» y que ha actuado con presuntas prácticas ilegales para «espiar a adversarios políticos» «pareciera que se puede ir de rositas».
