El Tribunal Constitucional (TC) ha aplazado hasta un próximo Pleno la deliberación del recurso que discute la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a los líderes independentistas catalanes. Este debate se sustanciará en relación con el primer recurso que tiene previsto resolver el tribunal de garantías en relación con la sentencia del ‘procés’ independentista en Cataluña, el presentado la ex consejera de Gobernación Meritxell Borrás, penada con inhabilitación y multa.
Previsiblente, según fuentes jurídicas consultadas, el TC respaldará la ponencia del magistrado Cándido Conde-Pumpido y confirmará la tesis del alto tribunal respecto a su competencia para entender de la causa por rebelión, una postura que ha sido defendida por la Sala presidida por Manuel Marchena desde el inicio del procedimiento.
Los primeros recursos por falta de competencia se presentaron contra la instrucción realizada por el magistrado del Supremo Pablo Llarena, si bien este argumento siempre fue rechazado por la Sala, al entender que, en el caso de los delitos de rebelión y sedición (por el que fueron finalmente condenados) la ley española prescinde del lugar de comisión de los hechos a la hora de atribuir el conocimiento de esta conductas a la jurisdicción española.
Así, al ser además un delito que afecta a todo el Estado, se otorgó la competencia al alto tribunal en vez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es donde los líderes independentistas reclamaban ser juzgados.
La posición del Tribunal Constitucional sobre este asunto ganó actualidad tras la decisión de la justicia belga de rechazar la entrega del también ex consejero huido Lluis Puig, precisamente por acoger sus argumentos de falta de competencia del alto tribunal español respecto a la instrucción de la causa que sigue llevando Llarena contra él.
De hecho, las defensas de otros condenados, los ex consejeros de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull y Josep Rull y del ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, han solicitado recientemente al TC su inmediata puesta en libertad esgrimiendo precisamente los argumentos que dio la justicia belga para no detener y entregar a Puig.
Se refieren al argumento empleado por los jueces belgas de considerar que no existe una base legal explícita para ampliar la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a los coacusados sobre la base de la estrecha conexión entre los delitos imputados, que fueron los de rebelión/sedición y la malversación de fondos públicos.
