El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha registrado una Proposición de Ley de Modificación de la Ley de Radio Televisión Madrid que permita a la cadena continuar con su actividad pese a que no se hubiera formalizado un nuevo contrato-programa llegada la fecha de vencimiento del actual sin la necesidad de que la Consejería de Hacienda les autorice gasto.
La reforma tiene como objetivo mantener «la independencia y autonomía de Telemadrid», tal y como figura en la ley de despolitización aprobada por unanimidad de los grupos políticos la pasada legislatura, incluido el PP, a iniciativa de Ciudadanos, han trasladado fuentes de la formación ‘naranja’ y como ya ha adelantado ‘El Mundo’.
Esta normativa, que se tramitará por el procedimiento de urgencia, en principio tendría el apoyo de los grupos de la izquierda (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos).
El contrato programa de RTVM caducó el pasado 31 de diciembre de 2020. Con esta reforma, como se recoge en la exposición de motivos, en el caso de que llegada la fecha de finalización de un ‘contrato-programa’ no se hubiese formalizado el correspondiente a los ejercicios inmediatamente posteriores, se entenderá prorrogado.
También, se prorrogará la aportación con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid correspondiente al último de los ejercicios abarcados por el contrato-programa, hasta que se formalice definitivamente el nuevo.
Con esto, según han trasladado estas mismas fuentes, se evitaría que el ente público tuviera que pedir consentimiento a la Consejería de Hacienda para realizar, por ejemplo, un programa especial u otro tipo de gastos necesarios para la cadena.
«Es esencial garantizar un marco estable de funcionamiento a Radio Televisión Madrid que le permita continuar con su actividad pese a que no se hubiera formalizado un nuevo Contrato-programa llegada la fecha de vencimiento de la anterior. Las circunstancias y el calendario de esa nueva negociación pueden verse influidos por hechos ajenos a la obligación inherente a la prestación de ese servicio público esencial que debe seguir ejecutándose con independencia de todas esas vicisitudes», sostiene la formación ‘naranja’ en la reforma de esta normativa.
