Podemos va a presentar este lunes, 1 de febrero, una denuncia ante la Fiscalía para que investigue las «supuestas irregularidades» en el proceso de vacunación en Extremadura.
La denuncia será presentada en el Palacio de Justicia de Cáceres, donde comparecerán ante la prensa la coordinadora general de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, junto con la portavoz del partido, Mavi Mata, y el secretario de Acción Institucional, Abel Álvarez, para dar más detalles sobre su contenido.
La polémica sobre estas presuntas irregularidades ha saltado esta pasada semana tras conocerse una modificación en el texto de los protocolos de vacunación por parte de la sanidad extremeña, que ha provocado una bronca política entre la Junta y los partidos de la oposición.
El pasado miércoles, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, acusaba al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, de cambiar el protocolo de vacunación para dar «cobertura» a los directivos del SES y del Sepad y a los alcaldes socialistas vacunados de forma «irregular».
Posteriormente, Vergeles negaba cualquier modificación que equiparara al personal sanitario en primera línea con los gestores de la pandemia, al referirse a la supresión de la frase «en función del riesgo de exposición al virus» entre las ponencias de vacunación de diciembre de 2020 y enero de 2021, periodo en el que comenzaron a surgir los primeros casos de personas que se habían vacunado saltándose los protocolos.
Al respecto, matizaba que en la ponencia del registro de vacunas del 15 de diciembre «esa coletilla en ese epígrafe concretísimo» ya se había eliminado, al entender que estaba «subsumido» en el epígrafe completo, que dice literalmente que «se considera personal de primera línea al que tiene mayor riesgo de exposición por llevar a cabo la atención directa de pacientes covid, contacto estrecho y con mayor tiempo de exposición, así como por tener mayor probabilidad de tener contacto con una persona por infección por Sar-Cov-2».
Este fue el mismo argumento utilizado un día después, el jueves, por el propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para negar el cambio del protocolo: «ningún alto cargo de la Junta se ha vacunado, y ninguno se va a vacunar hasta que le toque».
Lo hacía en respuesta a una pregunta de la propia coordinadora regional de Podemos, Irene de Miguel, en su calidad de portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, quien reclamaba a Vara que depurara responsabilidades «de inmediato» ante el supuesto cambio en el protocolo de vacunación, para «que sea correcto vacunar a los gestores sanitarios antes que a los que están en primera línea, porque hay vidas en juego».
Un cambio del protocolo que, de haberse producido, sería «muy grave», tras lo que consideraba que saltarse la cola de vacunación es «corrupción, y de la peor que puede existir».
En ese mismo pleno el consejero de Sanidad daba a conocer que la gerente del Sepad en Badajoz, Montserrat Rincón, había dimitido de su cargo tras haber recibido el pasado 5 de enero de forma «irregular» la vacuna contra la Covid-19.
Otros casos conocidos durante la semana han sido los del concejal socialista en el Ayuntamiento de Olivenza Ramón Jiménez, sobre el que el alcalde argumentó que lo hizo porque trabaja en el centro de mayores; y el de la también concejala del PSOE en Plasencia, Soraya Cobos, que es también directora del centro sociosanitario de la localidad, por esta misma razón.
