La Comunidad de Madrid podría llevar a Sanidad o Fiscalía el caso de la residencia de Becerril

El directora general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Begoña Cortés, ha afirmado este lunes que si se detectan irregularidades en los protocolos seguidos por la residencia Vigor de Becerril de la Sierra, donde han muerto en enero 12 ancianos por un brote del coronavirus, lo trasladará al Consejería de Sanidad o, llegado el caso, a la Fiscalía.

Así ha respondido la directora esta mañana en la comisión de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad celebrada en la Asamblea de Madrid, tras preguntarle la diputada socialista Purificación Causapié por si el Gobierno regional investigará este geriátrico por si no informaron en tiempo y forma del inicio del brote a la Consejería de Sanidad y por qué comenzaron a vacunar contra el Covid-19 si el día antes confirmaron dos positivos entre trabajadores.

Begoña Cortés ha indicado que en este caso, como en el resto, si detectar irregularidades por parte de la Subdirección o de la Dirección general «se mantendrán las diligencias oportunas y se dará traslado a Sanidad o si es preciso a la propia Fiscalía».

La parlamentaria socialista ha criticado la «tremenda opacidad» que a su juicio hay sobre las residencias actualmente, que «genera intranquilidad sobre lo que sucede allí». «En Becerril, con 12 fallecidos y muchos contagiados y que nadie desde el Gobierno regional haya avisado al alcalde o qué no se explique qué medidas se han tomado. Si la residencia no informó hasta el 17 de enero lo hizo mal o si informó el día 7 lo hizo mal Sanidad», ha apuntado.

Causapié ha preguntado sobre la residencia Becerril aprovechando su pregunta sobre las medidas que pone en marcha el Gobierno regional para combatir las malas prácticas en la atención a las personas mayores dentro de los geriátricos.

Durante su intervención, también ha recordado que el anterior consejero, Alberto Reyero, abrió expediente de rescisión de contrato por incumplimientos a las empresas Aralia y DomusVi en tres residencias pero finalmente la Abogacía de la Comunidad de Madrid tumbó este procedimiento.

«Ahora, contratan sin concurso a dedo la gestión la residencia para mayores con Covid a Vitalia Home, sancionada varias veces y con denuncias de familiares en la primera ola de la pandemia», les ha reprochado Causapié, que también ha criticado las «prácticas inexplicables» en la residencia Madrid Sur, gestionada por DomusVi, donde la hija de una usuaria «tuviera que esperar dos horas en la puerta para que le abrieran» en plena gran nevada.

O también que los familiares no pueden comunicarse desde hace días con los mayores «porque no funciona el teléfono». «¿Cómo es posible que en el siglo XXI no se puede comunicar o que no tengan una puerta para volver a una residencia?», se ha preguntado la diputada.

La directora general ha respondido que la Consejería está trabajando en un plan de promoción de buen trato y prevención de abuso a personas mayores y se van a incluir estos objetivos en los pliegos de contratación para que las empresas que opten a la gestión de los geriátricos de la Comunidad. Un modelo de contrato basado en la atención integral a través de mecanismos de «coordinación interna, trabajo en equipo y promoción relaciones con la familia», ha añadido.