domingo, 7 marzo 2021 21:30

La Generalitat Valenciana detecta 62 casos de personas vacunadas sin que les corresponda

La Conselleria de Sanidad ha detectado un total de 62 personas que se han vacunado contra la covid sin que les corresponda, diez de ellos son cargos públicos, entre los que se cuentan nueve alcaldes y concejales y el ex fiscal jefe de Castellón.

Al respecto, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha explicado en rueda de prensa que se ha analizado un total de 233 casos de vacunados por no ajustarse aparentemente a los grupos de riesgo correspondientes y se ha concluido que 171 casos están justificados por haberse administrado la primera dosis de vacunas ya reconstituidas a personas, bien del grupo siguiente o bien de grupos de riesgo justificados.

Por contra, en estos 62 casos restantes, entre los que hay personal de todo tipo, son los que se ha procedido a investigar con más detalle para depurar, en su caso, responsabilidades. No obstante, ha destacado que suponen solo el 0,046% del total de las 149.000 vacunas administradas.

Ante esta situación, ha ordenado a la Dirección General de Recursos Humanos la apertura de expedientes informativos para saber si algún profesional de la Conselleria ha cometido alguna irregularidad y se “llegará hasta el final para ver si hay alguna actuación que sea imputable”, ha garantizado. Por su parte, la de Salud Pública investigará si han sido vacunadas personas no pertenecientes a los grupos que les correspondía y si hay alguna justificación y, en su caso, propondrá una sanción.

Así, la Dirección General de Recursos Humanos tiene abiertos nueve expedientes informativos, entre los que ya están en fase de diligencias previas o aquellos en los que se ha solicitado una ampliación de información. Todos ellos afectan a personal propio que ha podido intervenir en el proceso de vacunación, pero ha descartado dar una mayor concreción al “encontrarse en trámite” y “estar sujetos a la privacidad y protección de datos correspondiente”.

De acuerdo con la información recabada hasta el momento hay diez cargos públicos. Además, del ex fiscal jefe de Castellón, se encuentran el alcalde de El Verger, Ximo Coll Moll, y su mujer y alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives Bolufer, que se vacunaron juntos el 8 de enero en el Centro de Salud El Verger por parte del personal del centro, y se encuentra abierto expediente de Diligencias Previas.

Asimismo, figura la concejala de servicios sociales y sanidad de Dènia, Cristina Morera, y alguno de sus familiares, que fue vacunada el 12 de enero en la Residencia Santa Lucía de Dènia y se encuentra abierto expediente de Diligencias Previas.

Por su parte, el alcalde de Villahermosa del Río, Luis Rubio, y administrador de la residencia municipal se vacunó en este centro porque, según alegó, estaba en el listado de trabajadores y residentes facilitado por el centro y autorizado por Salud Pública. Sin embargo, al parecer fue él quien se incluyó en el listado, por lo que se encuentra abierto un expediente informativo en el Departamento de Salud de Castellón.

Respecto al alcalde de Rafelbunyol, Francisco López López, se vacunó el día de inicio de la campaña en la primera residencia de la Comunitat Valenciana en la que se administraba la vacuna, motivo por el cual se invitó al alcalde y se le administró una dosis que sobró al final de la jornada. Por ello, se ha archivado el expediente por parte de Recursos Humanos.

Barceló ha informado de que ha tenido hoy conocimiento del Informe de Salud Pública de Valencia, donde alega que no existía un protocolo, y ha requerido a la directora general de Salud Publica que le aporte información sobre el contenido de este informe que desconocía

Por su parte, el alcalde de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano, se vacunó el 6 de enero en la Residencia Savia La Nucía. Se presenta junto con el concejal de Sanidad en la Residencia, sin tener autorización para ello e “incumpliendo por tanto el protocolo previsto en los centros sociosanitarios, y sin figurar en los listados de vacunación”. A pesar de ello fue vacunado por el personal de la residencia, por lo que se encuentra abierto expediente de Diligencias Previas.

El concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiana, fue vacunado el 6 de enero en la Residencia Las Espeñetas, y también se encuentra abierto expediente de Diligencias Previas, mientras que el diputado Provincial responsable del Centro de Salud Mental Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló, se vacunó el 12 de enero en el mismo centro al estar incluido en el listado de trabajadores y residentes facilitado por la Diputación para su vacunación. Al estar incluido en el listado, se archiva el expediente por parte de Recursos Humanos.

Por último, en el caso del alcalde de Benlloch, Àngel Ribés Bellés, se están investigando las circunstancias en que se ha producido la vacunación al aparecer esta persona en el listado facilitado por Salud pública.

Respecto a estas personas, Barceló ha informado que se ha solicitado a Salud Pública la tramitación inmediata de diligencias y, en su caso, la apertura de los correspondientes expedientes para “acotar los hechos, circunstancias y sujetos responsables de cada caso”. También la aplicación, si procede, de las sanciones recogidas en la Ley 33/2001 General de Salud Pública y la Ley 10/2014 de la Generalitat de Salud de la Comunitat Valenciana.

CONCLUSIONES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA

Barceló ha explicado que a estas personas la segunda dosis se les administrará cuando haya concluido los grupos de riesgo establecidos y, en todo caso, a las seis semanas de la primera siguiendo las recomendaciones del Comité de Bioética de la Comunitat Valenciana.

Al respecto, ha recordado que ordenó que a los casos de vacunación iregular no se les administrara la segunda dosis hasta valorar la trascendencia médica que pueda tener esta decisión y teniendo en cuenta la posición del Comité.

Este organismo ha resuelto que la administración de esta segunda dosis debería plantearse tan sólo después de haber concluido la vacunación de los grupos recogidos en la estrategia de vacunación y en todo caso a las 6 semanas de la primera dosis que es el plazo máximo marcado por la OMS para la segunda dosis de la vacuna Pfizer.

Asimismo, el Comité también recomienda en su informe “que se tomen medidas de sanción o disciplinarias que administrativa y políticamente correspondan” y anuncia que analizará con más profundidad el caso en su próximo pleno.