El Juzgado de Instrucción 9 de Valencia ha incoado procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación Provincial Jorge Rodríguez y otros 14 investigados más por las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública de la corporación provincial Divalterra.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el magistrado aprecia indicios de malversación y prevaricación por la presunta simulación de esos contratos por intereses partidistas para favorecer a afines del PSPV y Compromís. El auto, notificado este miércoles a las partes, cifra en 1.122.095 euros el perjuicio paras las arcas públicas.
La causa cuya instrucción se da por finalizada comenzó mayo de 2018 por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.
Rodríguez fue detenido el 27 de junio de ese año cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación por el PSPV. El 2 de julio anunció que dejaba la presidencia de la corporación provincial aunque se mantuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que revalidó en las municipales de junio de 2019 con la nueva formación La Vall Ens Uneix, tras dejar en abril de ese mismo año el PSPV.
Ahora, el magistrado instructor, que da así por concluida la investigación, aprecia indicios de delitos continuados de malversación y prevaricación en la actuación de los encausados y cifra en 1,1 millones de euros el perjuicio generado a las arcas públicas.
«En el caso que nos ocupa, se ha infringido, presuntamente, este ejercicio de legalidad y mandato, en la cabal y correcta aplicación de los fondos públicos encomendados a las autoridades o funcionarios públicos», precisa en un auto notificado este miércoles a las partes.
En concreto, el instructor señala una «contratación presuntamente simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos más otros dos entre noviembre de 2015 y febrero de 2018».
Dichas contrataciones, añade, supusieron «un presunto desvío y con ello malversación de caudales en favor de unos particulares, y más aún, y presuntamente, por puros intereses de índole partidista, en ese reparto de cargos entre los dos partidos en el poder, PSOE y Compromís».
Los investigados contra los que se sigue el procedimiento son, además del expresidente de la Diputación, sus entonces asesores Ricardo Gallego y Manuel Reguart; el que fuera secretario-letrado asesor de Divalterra Jorge Cuerda y los exgerentes de Imelsa (luego denominada Divalterra) José Ramón Tíller, Vicent Xavier Simón y Agustina Brines.
«PLAN PRECONCEBIDO»
El magistrado considera que los contratos de alta dirección se realizaron con la intervención de los gerentes de la empresa pública «y el conocimiento y plan preconcebido presuntamente por el propio presidente de la Diputación Provincial y presidente del Consejo de Administración de Imelsa y de su equipo más cercano».
La causa se dirige también contra siete de los altos directivos contratados, quienes, de acuerdo con la investigación realizada, no cumplían los requisitos para acceder a esos cargos ni ejercieron nunca como tales.
En cambio, el instructor ha decretado el sobreseimiento de las diligencias respecto de otro alto directivo que presentó su carta de renuncia al puesto apenas unos días después de ser nombrado, señala el alto tribunal valenciano.
El auto, que puede ser recurrido tanto en reforma como en apelación, establece un plazo de diez días para que la Fiscalía y las acusaciones soliciten la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.
«TENÍAMOS GANAS DE QUE LLEGARA ESTE MOMENTO»
Por su parte, fuentes del entorno de Jorge Rodríguez han indicado que «tenían ganas de que llegara este momento tras más de dos años y medio de instrucción, durante los cuales todas las peticiones de las defensas han sido sistemáticamente rechazadas por el juez».
«Desde el primer momento sabíamos que llegaríamos a juicio oral puesto que era imposible que el fiscal que ordenó nuestra detención y el juez que la autorizó fueran a cerrar el caso, sobre todo, después de la operación policial antiterrorista que desplegaron», han señalado.
Las mismas fuentes han remarcado que, en su auto, el juez «pasa por alto todos los argumentos de las defensas». «Así que no podíamos esperar más que nuestro procesamiento. Por fin se abre la puerta para que podamos defendernos ante un tribunal con el convencimiento de ser absolutamente inocentes y de haber actuado siempre dentro de la legalidad», ha indicado.
