La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso de los investigados en el caso ‘Voloh’ contra el auto que ordenó sus escuchas telefónicas, porque se acordaron a raíz de «sospechas fundadas o indicios de criminalidad» que el instructor apreció en conversaciones del exconseller de ERC Xavier Vendrell con presidente de Aigües de Cataluña, David Madí, y el presidente de la Fundació Catmón, Víctor Terradellas.
El auto, avala las escuchas telefónicas en la causa del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona que investiga presuntos desvíos de fondos al independentismo al considerar que permitirán «esclarecer el concierto previo y simultáneo entre los participantes en los referidos delitos derivados de la corrupción, el rol que cada uno adoptó y la participación que otras personas hayan tenido».
Los magistrados descartan las vulneraciones de derechos que alegaron los investigados y consideran que «concurren los requisitos necesarios para la adopción de la medida de intervención y observación de las comunicaciones».
Presentaron el recurso contra la orden de escuchas telefónicas las defensas de Madí y Vendrell junto a las del asesor de este último, Jordi Sanglas; el presidente de la Plataforma ProSeleccions, Xavier Vinyals, y el exdirector de la oficina del expresidente Carles Puigdemont Josep Lluís Alay.
Otros investigados también se han adherido al recurso: son los empresarios Oriol Soler, Josep Campmajó, Antonio Fuste, Roc Aguilera y Ruth Juncosa; el alcalde de Cabrera de Mar (Barcelona), Jordi Mir; y la exconcejal en el municipio Marta Molina.
Pidieron declarar nula la orden de escuchas telefónicas al sostener que vulneraba el principio de proporcionalidad y considerar que «se trata de una investigación prospectiva y no existen suficientes indicios de criminalidad», y los tacharon de meras sospechas.
