La consejera de Autogobierno del Ejecutivo vasco, Olatz Garamendi, ha reiterado su apuesta por «intensificar el diálogo» con el Gobierno central para ejecutar la transferencia a Euskadi de la competencia sobre la gestión de los centros penitenciarios ubicados en la comunidad autónoma, tal y como se contempla en el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979.
Garamendi ha respondido este viernes, en el pleno de control que celebra el Parlamento Vasco, a una pregunta de PP+Cs sobre las negociaciones entre los gobiernos central y autonómico para concretar este traspaso competencial.
La consejera ha recordado que la competencia sobre la gestión de las prisiones está recogida en el Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979. El artículo diez de esta norma establece que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene «competencia exclusiva» en la «organización, régimen y funcionamiento» de establecimientos penitenciarios y de reinserción social, «conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria».
«COMPLEJIDAD TÉCNICA»
Garamendi ha reconocido que «complejidad técnica» que reviste un traspaso competencial de estas características, aunque ha expresado su confianza en que la negociación bilateral iniciada con el Gobierno central permita completar el traspaso.
La consejera ha defendido que el proceso para la ejecución de la transferencia es «transparente» y está «perfectamente protocolizado». Además, ha afirmado que «tan importante» como la ejecución de la transferencia es que está se lleve a cabo «en condiciones óptimas y de seguridad jurídica».
Garamendi ha recordado que ya existe un borrador sobre la forma de concretar el traspaso, y ha mostrado su confianza en que sea posible ejecutar la transferencia antes del 31 de marzo, tal y como se han comprometido a hacer ambas administraciones.
«RETICENCIAS» DEL ESTADO
La consejera ha destacado que el Gobierno Vasco sigue trabajando para que, a través de esta y del resto de transferencias pendientes, «se cumpla» un Estatuto de Autonomía aprobado hace 41 años, y ha expresado su «preocupación» por la posibilidad de que se pueda producir una «desviación» en el cumplimiento «íntegro» de la norma.
En todo caso, ha reafirmado su apuesta por «intensificar el diálogo» para avanzar en el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Euskadi, un objetivo ante el que el Estado español «se ha mostrado reticente en demasiadas ocasiones». «Estamos cerca de dar un paso adelante en ese camino», ha afirmado, en referencia a los acuerdos alcanzados con el Gobierno central sobre el traspaso de las competencias pendientes de transferir a Euskadi.
«OSCURIDAD»
Por su parte, el parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo ha mostrado su «preocupación» por la «oscuridad» y la falta de «luz y taquígrafos» que –según ha dicho– rodean a las negociaciones entre los ejecutivos central y vasco.
Además, ha advertido de que si se transfiere a Euskadi la competencia sobre la gestión de las prisiones se va a «triplicar» la población reclusa internada en las cárceles de Euskadi y se va a producir una «sobrecarga» de trabajo para los funcionarios.
Asimismo, ha afirmado que el Gobierno Vasco tiene el objetivo de «privatizar» el modelo de gestión de las prisiones, dejando la gestión del proceso de reinserción social de los reclusos en manos de asociaciones del tercer sector «afines a cierto tipo de presos».
